En días recientes, la presidenta afirmó que “los libros de texto se quedan”. Con esa frase, el gobierno cierra la puerta a cualquier revisión, corrección o reconocimiento de los errores que especialistas, maestros y padres de familia han señalado desde hace meses.
Y lo más grave: deja en claro que no habrá reparación del daño educativo, aunque ese daño sea evidente.
Hay errores históricos, actividades mal diseñadas, conceptos fuera de edad, explicaciones confusas y una mezcla innecesaria de ideología con contenidos académicos. Hay niñas y niños de segundo y tercer grado enfrentándose a temas que no están explicados con rigor ni con la sensibilidad pedagógica que su edad exige.
Eso no es educación. Eso es improvisación.
Pero frente a esta indignación legítima, ha surgido una respuesta equivocada: la convocatoria a una “quema masiva de libros”.
Y ahí es donde debemos detenernos.
Quemar libros no corrige errores.
Quemar libros no protege a los niños.
Quemar libros no obliga al gobierno a rectificar.
Quemar libros solo alimenta la polarización y le da al poder una excusa perfecta para descalificar a quienes protestan.
La historia es clara: cada vez que una sociedad quema libros, pierde algo de sí misma.
La verdadera defensa de la educación no está en la quema de un libro, sino en la evidencia.
En la crítica seria.
En la presión ciudadana bien organizada.
En la exigencia de transparencia.
En el acompañamiento a los maestros que, al final, son quienes tendrán que corregir en el aula lo que el gobierno no quiso corregir en el escritorio.
Si la autoridad insiste en mantener materiales defectuosos, entonces la sociedad debe responder con inteligencia, no con destrucción.
Documentemos los errores.
Exijamos revisiones públicas.
Impulsemos materiales alternativos.
Apoyemos a los docentes.
Hablemos con claridad, sin miedo y sin caer en provocaciones.
Siendo claros, la educación de un país no se defiende incendiando un libro, sino iluminando conciencias.
