Hace unas horas, se presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para una reforma electoral.
Muchas veces anunciada y presentada por López Obrador en sus planes “a”, “b” y “c”, muchas veces fracasada por sus ostensibles yerros, su carácter inconstitucional y sus vicios en el procedimiento legislativo (cuando teníamos Suprema Corte de Justicia) y finalmente incluida en el programa de campaña de la candidata Sheinbaum, luego de cinco años, digo, llegó al Congreso la cuarta intentona del obradorismo por controlar las elecciones en México y asegurar las condiciones de su permanencia en el poder. Para eso la quieren y debe decirse al principio sin ningún tipo de candor.
Precisamente de eso se habla cuando se habla de una reforma electoral: están en juego las condiciones institucionales, legales y materiales para ratificar o remover a un gobierno o un cuerpo legislativo.
Y aunque edulcorada (muchas de las peores propuestas anunciadas por la Comisión de Pablo Gómez no se incorporaron al final) mantiene, sin embargo, las tres columnas más perniciosas con las que se desfigura el sistema electoral-democrático de México.
La primera es el debilitamiento de la estrutura profesional que ejecuta las elecciones en todo el territorio nacional.
La segunda es la deliberada cancelación del pluralismo en ambas cámaras del Congreso para favorecer a la mayoría.
La tercera es reducir costos, alterando y de hecho, generando inequidad y cancha dispareja.
Cuando se habla de restar una cuarta parte de los recursos públicos al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los Organismos Públicos Electorales Locales, en los estados (OPLE´s) se está propiciando un despido masivo de los profesionales (técnicamente capacitados y demostradamente imparciales) que han hecho posible las elecciones, las alternancias y la transmisión de los poderes públicos en este país durante todo el siglo XXI y poco más.
Para dimensionar solo un dato: el 80 por ciento de los presupuestos típicos de INE y OPLE´s está destinado al pago del personal. El tamaño del recorte implica la salida de profesionales que han cursado un año si y otro también, múltiples fases de capacitación en las que ha invertido la república. El primer cálculo que ofrecen las autoridades electorales es que esto causaría el despido de casi el cuarenta por ciento de la plantilla profesional, muy especialmente la que confecciona a diario el padrón electoral y las credenciales de elector. Todo un ramalazo al servicio de la ciudadanía y a la confianza pública.
Es un contrasentido además, que choca con el objetivo expresado para la utilización de nuevas tecnologías y herramientas informáticas (por ejemplo, la urna electrónica) que exigen precisamente lo contrario: una amplia inversión estatal en los próximos años.
Se celebra el recorte de los 32 semadores de representación proporcional, sin decir que el resultado casi inevitable es un cuerpo colegiado que no reflejará la pluralidad en los estados y por lo tanto que le regalará el Senado a la mayoría en curso. Apliquemos la propuesta de la presidenta en la votación de 2024: Morena y sus aliados habrían obtenido 64 de 96 senadurías, el 66.6 por ciento necesario para tener una mayoría calificada. No se puede fingir ni ser ciego frente a esta maniobra de ingeniería electoral.
Por su parte el mecanismo para distribuir las 200 diputaciones restantes (no se si llamarlas plurinominales), es tan imprecisa que resulta imposible evaluarlas.
Si lo que se busca es replicar lo que ya pasa en la CDMX, dos listas por cada partido (una integrada con los candidatos perdedores que tuvieron los mejores porcentajes de votación y otra compuesta mediante el voto por “listas abiertas”) podría discutirse pero no hay que especular hasta que no se clarifique el mecanismo. En todo caso, la Comisión y los abogados de la presidencia han demostrado que ni ellos saben expresar.
Y la reducción del financiamiento a los partidos a rajatabla, sin mayor detalle, está pensada para disminuir la capacidad operativa y por lo tanto sus posibilidades de competir “en el terreno” como le gusta repetir a la dirigencia morenista. Y por supuesto, al enanizar a la oposición, aumentan las ventajas que les da el uso -hoy ilegal- del aparato gubernamental, especialmente de esa estructura electoral permanente, denominada “siervos de la nación”.
Soy un convencido de que el financiamiento público también debe distribuirse con la misma razón equitativa: la mitad de la bolsa en consonancia con la votación de cada partido, la otra mitad, de modo igualitario. Frente a la invasión de dinero ilícito en la política así como frente a los fenómenos oligárquicos en los que el dinero de magnates resulta decisivo, creo que el financiamiento público debe ser el componente central del gasto durante las campañas y de modo permanente, garantizando las condiciones de operación territorial y ordinaria de los partidos políticos.
Decíamos al prinicipio: por fortuna se borraron muchos elementos dañinos que se habían estado barajeando, pero con los que permanecen, con los que se presentan a la vista, son suficientes para distorsionar y debilitar sin remedio, la democracia y las elecciones en México.
