Llegó la hora de revisar el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y el país llega a la negociación en condiciones económicas poco favorables: con un crecimiento de apenas 0.8% en 2025 y un modelo económico cada vez más estatista que, en los hechos, favorece a un reducido círculo empresarial cercano al poder.
En contraste, Washington busca aprovechar la coyuntura para presionar en áreas críticas como la política energética, los derechos laborales y la posible revisión de las reformas judicial y electoral, lo que anticipa un escenario de alta tensión.
México intenta preservar su modelo económico; Estados Unidos busca imponer condiciones que garanticen apertura de mercados y certidumbre para sus empresas, incluso con la posibilidad de convertir el acuerdo en uno bilateral, saltándose el espíritu del tratado y dejando fuera a Canadá.
El círculo empresarial del poder
La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió recientemente con los integrantes del Consejo Nacional de Inversiones como parte del seguimiento al llamado Plan México, un programa presentado desde el sexenio anterior como estrategia para impulsar inversiones nacionales y extranjeras mediante un portafolio que, según el gobierno, supera los 277 mil millones de dólares.
El Consejo está integrado por apenas diez empresarios —la antigua “mafia del poder” del discurso de López Obrador— encabezados por Carlos Slim y coordinados por Francisco Cervantes. Se trata de conglomerados que en los últimos años han recibido contratos públicos, concesiones estratégicas y condiciones privilegiadas para desarrollar proyectos vinculados con infraestructura, energía y servicios.
Lejos de promover inversiones, el Consejo parece consolidar una simbiosis entre Estado y grandes corporaciones. En términos prácticos: la concentración de la economía puesta en manos de una élite oligárquica con enorme influencia política.
Esa relación de interdependencia no solo plantea cuestionamientos sobre la forma en que se distribuyen las oportunidades económicas, sino que además entra en tensión con los principios de competencia, transparencia y apertura que promueve el T-MEC.
Energía: el ejemplo más claro
La reciente adquisición de activos de la empresa estadounidense Talos en México por parte de Grupo Carso, que ahora posee cerca del 80% de la operación local, ilustra esta dinámica: el conglomerado de Slim consolida su presencia en proyectos clave de exploración y producción de hidrocarburos cuyo objetivo es el megayacimiento Zama, ubicado en el Golfo de México, uno de los descubrimientos petroleros más relevantes de las últimas décadas y cuyo desarrollo involucra directamente a Pemex.
La empresa estatal ha considerado delegar parte de la operación técnica del proyecto a Talos México —ahora bajo control de Carso— debido a su mayor capacidad financiera y tecnológica. La decisión expone una contradicción entre el discurso oficial, que insiste en fortalecer el papel del Estado y el hecho de que proyectos estratégicos dependen cada vez más de corporaciones privadas.
En contraste, empresas que no forman parte del círculo cercano al poder enfrentan entornos regulatorios adversos. Un ejemplo es el proyecto “Vista Pacífico”, una terminal de gas natural licuado que Sempra desarrollaba junto con la CFE y que fue cancelado tras los cambios regulatorios aprobados en 2025.
Dichas reformas ampliaron la discrecionalidad del gobierno para suspender o renovar permisos relacionados con la importación, exportación, almacenamiento y transporte de hidrocarburos y electricidad bajo el argumento de seguridad nacional, lo que incrementó significativamente la incertidumbre regulatoria.
Una revisión que será política
Los desacuerdos en energía, comercio, regulaciones, seguridad y cumplimiento de compromisos laborales se han acumulado. A ello se suma el débil desempeño económico: durante 2025 la economía mexicana creció apenas 0.8% y para 2026 las estimaciones se ubican entre 1.2 y 1.8%, incluso antes de considerar el pobre desempeño del primer trimestre.
Paradójicamente, mientras la economía nacional avanza con lentitud, algunos conglomerados empresariales experimentan un crecimiento extraordinario. Tal es el caso de Grupo Carso, de Slim, cuya fortuna —según Forbes— prácticamente se ha duplicado desde 2018.
En este contexto, la revisión del T-MEC corre el riesgo de convertirse en un diálogo de sordos. Mientras el gobierno mexicano busca preservar un modelo con fuerte intervención estatal y alianzas empresariales selectivas, Estados Unidos pretende exactamente lo contrario, pero sabe que si quiere relocalizar su producción en la era de la robótica, la inteligencia artificial y las cadenas regionales, necesita a México como socio.
El futuro del tratado ya no depende únicamente del comercio. A la mesa llegarán factores políticos, institucionales y estratégicos.
Funcionarios estadounidenses han adelantado que la revisión será “incómoda”. Buscarán renegociar reglas de origen del sector automotriz, estándares laborales, saltos arancelarios, financiamiento, comercio agrícola, política energética y biotecnología. Pero las presiones irán más allá del comercio: incluirán control migratorio y combate al tráfico de fentanilo.
Las reglas del juego cambiaron. En México, la liga se ha estirado para proteger monopolios. Los grupos económicos que surgieron con Salinas y que fueron adoptados por el proyecto político de López Obrador hoy concentran buena parte del control económico y de los privilegios de un régimen que no logra crecer, que no respeta plenamente las reglas y que las modifica según su conveniencia.
El resultado no solo definirá el futuro del acuerdo comercial más importante de América del Norte. Pondrá a prueba los límites del modelo económico mexicano y su capacidad para sostenerse frente a su principal socio comercial.
La revisión del T-MEC será técnica y política, poco tendrá qué ver el Comercio Global. Trump quiere un socio sometido y México llega débil.
