Las palabras de Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, son un ejemplo claro de cómo la política puede perder el sentido de responsabilidad. Con imprudencia afirmó que la campaña contra Pemex responde a la molestia de la derecha porque “se les acabó el negocio a costa del pueblo”. Lo que no dice es que ese “negocio” comenzó cuando ella misma fue responsable de la construcción de la Refinería de Dos Bocas, y ahora, desde el gobierno veracruzano, pretende lavarse las manos.
La desfachatez es doble: fue la misma funcionaria que minimizó el derrame de petróleo en las costas de Veracruz y Tabasco, reduciéndolo a “unas gotitas”. Una declaración absurda frente a una tragedia ecológica que el propio gobierno reconoció mes y medio después. El hecho fue brutal: una fuga en un oleoducto de 36 pulgadas de diámetro en el Golfo de México. Así de grande la catástrofe, y así de pequeña la respuesta de la ingeniera que hoy habla con vehemencia para quedar bien con ya sabe quién.
La mentira oficial no solo encubre negligencia, también daña la confianza ciudadana. Cada palabra que minimiza el daño es un golpe a la dignidad de las comunidades afectadas, a los pescadores que perdieron su sustento y a los ciudadanos que ven cómo se degrada el patrimonio natural del país.
El Golfo de México no es un territorio de entrega, es un espacio vital que merece respeto y protección.
La conciencia ciudadana exige desenmascarar estas insensateces y reclamar responsabilidades. No basta con indignarse: hay que exigir auditorías independientes, sanciones ejemplares a los responsables sean del nivel que sean y un cambio de política institucional que ponga la verdad por encima de la propaganda partidista, mientras las dependencias se aferran a discursos vacíos, la fuga nos recuerda que la mentira contamina y mancha tanto o igual como el petróleo.
