E l Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton y el administrador de la Agencia Antidrogas (DEA), Terrence Cole informaron sobre la apertura de una investigación en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos, a quienes se señala de tener nexos con el Cártel de Sinaloa.
En un comunicado urgente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se indica que además de Rocha Moya, el resto de los acusados son funcionarios de alto rango, tanto en activo como retirados, quienes serán investigados por presuntamente conspirar con la mencionada organización criminal para importar grandes cantidades de droga a territorio estadounidense, a cambio de apoyo político y sobornos. El caso se asignará a la jueza federal Katherine Polk Failla.
El fiscal Jay Clayton consideró que el Cártel de Sinaloa, no podría operar con tanta libertad sin la protección de políticos corruptos y advirtió que el mensaje que se envía con esta acusación es que todos los funcionarios que colaboren con los cárteles, sin importar su cargo, serán llevados ante la justicia.
“Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, manifestó el Fiscal.
A su vez, el administrador de la DEA, tras calificar al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista, señaló que esta denuncia e investigación contra los personajes involucrados, quienes hicieron uso de sus cargos para proteger sus actividades y facilitar el ingreso de drogas a Estados Unidos. Agradeció la colaboración de “socios estadounidenses y mexicanos” para poner freno a estos grupos criminales.
“Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Agradecemos a nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad a diario y nos apoyan para salvaguardar a nuestras comunidades. Juntos, continuaremos ejerciendo una presión constante contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo respaldan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas”, indicó Terrence Cole.
Tras hacer un recuento de las operaciones del Cártel de Sinaloa, no solo en México y Estados Unidos, sino en otros países del continente como Colombia y Venezuela, en el comunicado del Departamento de Justicia, se indica que en el caso del gobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya, quien ejerce su cargo desde noviembre de 2021, se le señala de estar directamente relacionado con la facción del cártel conocida como “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con quienes se reunió antes y después de asumir su cargo. Se menciona que este grupo apoyó a Rocha durante al campaña intimidando a sus adversarios políticos para facilitar su llegada al poder y a cambio, él les ofreció protección para operar libremente en el estado y además, traficar grandes volúmenes de estupefacientes a Estados Unidos. También se le formularán cargos como posesión de armas de alto poder y se propone una pena de cadena perpetua, o al menos 40 años de prisión.
Otro de los señalados en la acusación, es el senador morenista por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázares, quien fuera secretario de Gobierno en la primera etapa de la administración de Rocha Moya. Se le formulan los mismos cargos que a su exjefe y se plantean las mismas penalidades. Sobre el ahora legislador, reporteros que cubren la fuente del Senado, han señalado que en el tablero electrónico aparece que “pasó lista” pero nadie lo ha visto físicamente en el recinto senatorial.
Entre los acusados también figuran Dámaso Castro Zaavedra, actual fiscal adjunto de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa; Enrique Díaz Vega; exsecretario de Finanzas de Sinaloa; los exjefes de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, apodado El Cholo y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, entre otros.
Tras la amplia difusión en medios del comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), emitió un escueto comunicado en el que informa que esta dependencia recibió por parte el Gobierno de Estados Unidos, solicitudes con fines de extradición de diferentes personas, a las que no menciona por su nombre.
Indicó que dichas solicitudes han sido turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis de acuerdo a las leyes mexicanas; sin embargo, antes de que dicha revisión se efectúe, la cancillería señala que no hay elementos de prueba para determinar la presunta responsabilidad de las personas requeridas, aunque anota que corresponderá a la FGR determinar si hay dichas pruebas o no. Por último, advierte que enviará un extrañamiento a la Embajada Estados Unidos, por la forma en que se ventiló este caso.
“Se informa que en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información, por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer”, se lee en el boletín.
Por su parte, a través de su cuenta de X, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó las acusaciones que en su contra formuló la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, las cuales calificó como infundadas y advirtió que así lo demostrará “en el momento oportuno”.
Según el mandatario estatal, estos señalamientos no solo son un ataque a su persona sino al “movimiento de la Cuarta Transformación y sus liderazgos históricos”, así como a los ciudadanos que los respaldan. En una lógica de victimización, alegó que las acusaciones contra él se inscriben en una “perversa estrategia” del vecino país de quebrantar el orden constitucional y la soberanía en México.
“A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”, sentenció.
arg
