Las señales de que el gobierno de Claudia Sheinbaum entró en pánico están por todos lados: contradicciones, improvisación, mensajes cruzados y una creciente obsesión por evitar manifestaciones del descontento social durante el Mundial.
La presión política y judicial de Estados Unidos terminó por exhibir la fragilidad de la narrativa de la “transformación moral” golpeando donde más le duele a Morena: los presuntos vínculos entre política y crimen organizado.
El gobierno perdió el control del discurso
Estados Unidos no quitará el dedo del renglón, Trump lanzó un ultimátum público: si México no actúa con firmeza contra el narcotráfico y contra personajes políticos presuntamente ligados a los cárteles, Estados Unidos actuará.
La estrategia antiterrorista firmada por el mandatario estadounidense, que clasifica a los cárteles como organizaciones terroristas, coloca a Morena en el centro de una narrativa devastadora.
Porque más allá de la retórica morenista de defensa a la soberanía, en Estados Unidos crece la percepción de que el crimen organizado no sólo penetró al Estado mexicano, sino que mantiene relaciones de protección con sectores del poder político.
Otro factor que vino a profundizar el nerviosismo, es la revisión de los 53 consulados mexicanos en territorio estadounidense. Las sospechas sobre uso político de sedes diplomáticas y posibles vínculos con redes de corrupción o narcopolítica representan un golpe demoledor para un movimiento que durante años presumió superioridad moral frente a sus adversarios.
Y mientras Trump afirma que “los cárteles gobiernan México”, en Palacio Nacional responden con evasivas, silencios y contradicciones.
Pero el problema para Morena no proviene solamente del extranjero, hay un fuerte desgaste interno que contradice el discurso oficial. Durante el sexenio de López Obrador, el crimen organizado experimentó la expansión territorial más grande de su historia reciente y mientras el gobierno defendía la estrategia de “abrazos, no balazos”, México vivió carreteras tomadas, cobro de piso, masacres y desapariciones en regiones controladas por grupos criminales.
Cuando en las en las movilizaciones de la Marea Rosa comenzaron a escucharse gritos de “#Narcopresidente”, fue el reflejo de una percepción social que Morena nunca quiso enfrentar y que hoy se ha convertido en un problema internacional.
En este contexto, Sheinbaum sabe que llegará al Mundial de 2026 con una legitimidad debilitada y el enorme riesgo de que las protestas sociales exploten frente a millones de espectadores y medios internacionales.
Madres buscadoras denunciando abandono institucional. Pacientes sin medicamentos. Hospitales colapsados. Transportistas bloqueando carreteras. Jóvenes sin oportunidades. Ciudadanos indignados por la inseguridad. Familias cansadas de un gobierno incapaz de resolver los problemas más básicos del país.
Pese a todo, la respuesta oficial de intentar esconder conflictos sin resolver se ha mantenido. No fue casual que Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX planteara reactivar el trabajo remoto y suspender clases presenciales durante el Mundial, con el argumento de reducir la movilidad hablando de logística y tráfico, sin embargo, políticamente, el mensaje fue otro: vaciar calles y disminuir el riesgo de protestas durante este evento internacional, el más importante que tendrá México en décadas.
Descontento ante la improvisación.
El titular de Educación, Mario Delgado anunció que el ciclo escolar concluirá el 5 de junio, asegurando que la decisión había sido tomada por unanimidad. Pero el enojo entre padres, maestros y estudiantes que consideraron absurdo recortar semanas completas de clases con el pretexto del Mundial o del calor creció rápidamente.
Ante la presión, Sheinbaum tuvo que corregir públicamente al secretario y afirmar que la medida era una propuesta que “todavía está en evaluación”: desorden, nerviosismo y falta de control interno.
Morena tiene miedo.
Miedo a que el descontento social siga creciendo, a que las investigaciones en Estados Unidos escalen, a que aparezcan testimonios, filtraciones o procesos judiciales que comprometan a personajes centrales del movimiento, a que el discurso de superioridad moral colapse ante acusaciones de corrupción, impunidad y complicidad criminal.
Y ese miedo es la razón por la que ningún personaje señalado públicamente enfrenta consecuencias. Gobernadores, legisladores y funcionarios permanecen al amparo del poder político.
La Fiscalía General de la República no toca a nadie del círculo cercano. Nadie renuncia. Nadie comparece. Nadie es investigado.
Es aquí donde el antecedente de Enrique Peña Nieto pesa demasiado.
Cuando el expresidente permitió el procesamiento y encarcelamiento de gobernadores acusados de corrupción el PRI fue devorado por sus adversarios, AMLO el primero. Pero Morena aprendió una lección: proteger antes que aplicar la ley.
El gobierno parece dispuesto a todo para evitar que caiga uno de los “suyos” y para contener el desgaste político y el malestar social.
Pero la realidad ya alcanzó a Morena y rebasó a la narrativa de supuesta autoridad moral. El segundo piso de la 4T debería entender otra lección: el descontento social no desaparece encerrando a la gente en su casa, porque se acumula, crece y tarde o temprano termina explotando.
X: @diaz_manuel
