Antes de pedir licencia como gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya mandó al Congreso estatal una iniciativa para reformar la Ley de Transparencia y reservar información de su administración.
Aun cuando en la exposición de motivos argumentó que los cambios tenían la finalidad de homologar dicha normativa con la legislación federal en la materia, además de invocar razones de racionalidad del gasto público, el proyecto contenía elementos que preocuparon a organizaciones de la sociedad civil.
De acuerdo con una investigación de El Universal, firmada por el reportero Silber Meza, una revisión de la iniciativa realizada por la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (ReCIAS) detectó diversos puntos que llevan a concluir que el verdadero objetivo de la reforma era esconder datos.
La iniciativa plantea que el Ejecutivo estatal pueda reservar comprobantes fiscales o cualquier otro documento que sustente el ejercicio del gasto público; también amplía las causales para la reserva de información, es decir, ya no solo se podría aducir seguridad nacional, sino también estabilidad financiera o daño al interés público. Asimismo, se incluye una definición más extensa del concepto de “información confidencial” a fin de hacerlo aplicable en caso de denuncias o procesos administrativos contra servidores públicos.
Otros elementos encontrados en el proyecto por pare de la red, que agrupa a varias ONG promotoras de la rendición de cuentas, fueron que el plazo de respuesta se amplía de 10 a 20 días; carece de una clasificación de los sujetos obligados, lo cual fomenta la discrecionalidad y la opacidad de los entes públicos. De igual forma, elimina los apartados de transparencia proactiva, gobierno abierto y cultura de transparencia.
Por si eso no fuera suficiente, la iniciativa impulsada por Rocha también elimina la posibilidad de que los municipios cuenten con un órgano garante de transparencia y excluye a sindicatos y partidos políticos de las obligaciones de transparencia, es decir, no se podría acceder a contratos, montos de financiamiento público o privado, identificación de aportantes, estados financieros, tabuladores de remuneraciones, información sobre los candidatos e inventarios.
Según el reportaje de El Universal, se preveía una pronta aprobación de la iniciativa, pero el escándalo detonado por las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra Rubén Rocha, obligaron a pausar el proceso legislativo para su discusión y aprobación. Actualmente el proyecto se encuentra en fase de dictaminación en las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y en la de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana.
Se detalla que aun antes de conocerse la iniciativa de Rocha y las acusaciones de EU, su administración ya enfrentaba diversos cuestionamientos de ONG sobre el manejo de los recursos públicos. Documentaron que el mandatario pidió préstamos para saldar deudas de gobiernos anteriores y realizar obras públicas por más 4 mil 500 millones de pesos, que no han sido plenamente transparentados; también reportaron que la exsecretaria de Transparencia fue exhibida con gastos excesivos en viáticos; mientras que la secretaria de Turismo viajó a Canadá y facturó incluso goma de mascar, chocolates y miel de maple.
Antes de la publicación de la investigación, El Universal buscó contactar a María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Sinaloa, para conocer su postura sobre la iniciativa enviada por Rubén Rocha, pero no obtuvo respuesta.
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