La presión internacional y las contradicciones en que ha incurrido el propio gobierno federal, han convertido el caso de Rubén Rocha Moya y los otros nueve señalados, en una crisis política para Morena y para Claudia Sheinbaum.
Desde el inicio, la presidenta asumió una postura más cercana a la de una abogada defensora que a la de una jefa de Estado. Descartó acusaciones, defendió a los implicados y exigió a Washington “pruebas, pruebas, pruebas”. Sin embargo, la secuencia de hechos terminó por desmentir el discurso oficial.
La defensa que exhibió al gobierno
La presidenta quedó atrapada en sus contradicciones. Si realmente no existieran elementos sólidos contra Rocha Moya y sus allegados, ¿cómo explicar que la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó congelar las cuentas bancarias del gobernador con licencia, familiares y funcionarios cercanos?
Aunque la mandataria intentó deslindarse asegurando que la UIF actúa de manera técnica e independiente cuando detecta irregularidades financieras, la declaración abrió la puerta a algo todavía mayor: si la propia UIF detectó movimientos sospechosos ¿qué pasa con su discurso de que “no hay pruebas”?
Las piezas caen una tras otra
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, decidió contactar al Departamento de Justicia estadounidense para convertirse en testigo colaborador en el proceso abierto contra Rocha Moya. Un movimiento que no ocurre cuando alguien cree que el caso es débil; ocurre cuando entiende que las evidencias pueden derivar en condenas severas.
A ello se sumó el caso de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, quien se entregó voluntariamente a autoridades estadounidenses y aceptó ser trasladado a la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
El mensaje político y judicial demuestra que, a pesar de que el gobierno mexicano insiste en desacreditar las acusaciones, algunos de los implicados prefieren negociar directamente con la justicia norteamericana.
No es el caso del senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez, quien luego de afirmar que no solicitará licencia, acumula semanas sin aparecer en actividades legislativas o en sus oficinas del Senado. Silencio y ausencias que pesan más que cualquier declaración.
Mientras, del lado estadounidense, las declaraciones se endurecen. Las palabras de Marco Rubio y de fiscales federales reflejan que Washington decidió elevar la presión sobre México: ahora no se trata únicamente del combate al narcotráfico, el foco está puesto en la presunta protección política y gubernamental a estructuras del crimen organizado.
Las fiscalías de Nueva York, Illinois y California sostienen que las investigaciones están respaldadas por testimonios protegidos, expedientes financieros y la validación de un Gran Jurado. No se puede perder de vista que el Departamento de Justicia acusa a los implicados de proteger a líderes criminales, obstaculizar operativos y filtrar información sensible. Es decir, colocan a funcionarios mexicanos no como omisos, sino como presuntos colaboradores activos de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de fentanilo y armas.
El desgaste político
Además, resulta muy delicado lo que funcionarios estadounidenses ya advierten, que el incumplimiento de tratados de extradición puede afectar la relación bilateral y futuras negociaciones comerciales, porque la presión pasaría de lo judicial a lo diplomático, económico y político.
Si ponemos es ese contexto la reunión convocada por Sheinbaum con gobernadores adheridos al IMSS-Bienestar puede entenderse que más que un encuentro administrativo, fue el llamado a cerrar filas ante el creciente desgaste político que ya enfrenta Morena.
Las señales indican que el margen de maniobra se agotó. Después de sostener una nueva llamada con Donald Trump, el tono desafiante y nacionalista de la presidenta desapareció casi por completo.
Como siempre, calificó la conversación como “cordial y excelente” y habló de cooperación en seguridad y combate al narcotráfico, pero con una diferencia evidente: de confrontar públicamente a Washington pasó a una postura mucho más moderada.
La realidad es que por más que busquen, se van quedando sin argumentos para sostener que no existen elementos contra Rocha Moya y sus allegados.
A la Fiscalía General de la República también se le agota el margen para prolongar la inacción sin pagar costos políticos y de credibilidad.
Pero la crisis revela algo más profundo: el desgaste acelerado de un modelo político que se construyó con base en propaganda, polarización y control narrativo que, al caer, va dejando al descubierto la debilidad institucional, la corrupción y la expansión del crimen organizado que encontró tierra fértil en la Cuarta Transformación.
X: @diaz_manuel
