Las cifras de personas desaparecidas y no localizadas en Sinaloa sufrieron un incremento del 252% durante la administración del exgobernador Rubén Rocha Moya.
Esto, de acuerdo con registros de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) publicados por el diario El Universal.
Los datos oficiales revelan que los casos anuales pasaron de 270, en 2022, a un pico de 951, durante el año 2025.
En total, entre el 1 de noviembre de 2021 (inicio de su mandato) y el 2 de mayo de 2026 (fecha en que solicitó licencia al cargo), se reportaron 5 mil 26 personas desaparecidas en la entidad.
De ese universo, 2 mil 553 continúan sin ser localizadas, mientras que 2 mil 473 fueron ubicadas con vida y 413 halladas muertas.
La crisis no ha cesado con el cambio de gobierno, pues bajo la gestión de la gobernadora sustituta, Yeraldine Bonilla Valverde, la CNB reporta que al momento se han sumado 149 personas desaparecidas, de las cuales 128 siguen sin ser ubicadas.
Especialistas en seguridad y derechos humanos consultados por El Universal coinciden en que este repunte sostenido es el reflejo más crudo del deterioro de la seguridad en Sinaloa, impulsado por fracturas del crimen organizado y la incapacidad de las instituciones.
La especialista Eunice Rendón vinculó directamente este incremento con la confrontación interna del Cártel de Sinaloa (entre las facciones de Los Chapitos y los leales a Ismael “El Mayo” Zambada) y argumentó que este delito debe ser el parámetro central para medir la seguridad pública.
“El incremento registrado durante la administración de Rubén Rocha Moya debe analizarse como un indicador relevante del deterioro de las condiciones de seguridad en la entidad”, dijo, en entrevista con el medio.
Por su parte, el experto en seguridad Víctor Hernández destacó la falta de voluntad política para abordar un problema que requiere capacidades forenses y de investigación a largo plazo.
El especialista advirtió sobre el poco impacto político que asumen las autoridades ante la impunidad: “El problema es que el Estado ha descubierto que no existen costos políticos significativos por no resolver esta crisis y, por tanto, los incentivos para fortalecer las capacidades de búsqueda e investigación siguen siendo limitados”.
Finalmente, la investigadora especializada en violencia y derechos humanos Julia Ramos dijo que el crecimiento constante de las cifras sacó al problema de la coyuntura para convertirlo en algo estructural, que afecta el tejido social y evidencia cómo la ciudadanía termina supliendo las obligaciones del Estado:
“Las desapariciones son uno de los termómetros más sensibles de la presencia o ausencia efectiva del Estado en un territorio. Cuando aumentan de manera sostenida, revelan que existen espacios donde la capacidad de protección institucional ha sido rebasada”.
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