La cancelación de la visa estadounidense a Andy López Beltrán no es un hecho menor y aunque la acción por sí misma no significa que Estados Unidos lo haya acusado formalmente de un delito, sí coloca al hijo de AMLO ante una situación que exige algo más que una carta de indignación dirigida a Donald Trump.
En su misiva Andy califica la decisión como “politiquera”, responsabiliza al secretario de Estado, Marco Rubio y al subsecretario Christopher Landau, pregunta al propio Donald Trump si estaba enterado, exige explicaciones y cuestiona a funcionarios del gobierno estadounidense.
¿Será que exige el cumplimiento de algún supuesto pacto entre Trump y AMLO? Lo que lleva a otra pregunta: ¿qué información llevó al gobierno estadounidense a tomar esa decisión?
Washington no explica
Una visa no es un derecho adquirido. Las autoridades pueden revocarla cuando consideran que una persona dejó de cumplir con los requisitos para ingresar a Estados Unidos. El gobierno estadounidense no está obligado a hacer públicas las razones específicas de una decisión migratoria y además existe la confidencialidad de los expedientes.
La cancelación de una visa resulta insuficiente para convertir la decisión en una disputa ideológica entre México y Estados Unidos y más siendo el propio Andy quien lo hizo público.
Lo que no difundió fue el documento por que las autoridades estadounidenses le notificaron la medida y es ahí, donde podrían encontrarse elementos que permitan conocer, al menos parcialmente, las razones de Washington.
Andy y el poder
Andy tiene 39 años y una carrera trunca de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Posee participación en empresas como Finca Rocío, Realesco y Vinos Cósmicos y su trayectoria pública está estrechamente ligada al movimiento político construido por su padre.
En 2018 participó en la organización territorial de la campaña presidencial y en 2024 asumió la Secretaría de Organización de Morena.
Pero la historia de Andy no comenzó en el 24. En 2017 se hizo pública una conversación entre él y Yeidckol Polevnsky, entonces presidenta del partido, donde hablaban de contratos y operaciones en la que utilizarían a una empresa conocida y aprobada por su padre para formalizar y facturar.
Algo que contrasta con el discurso de su padre, quien durante años sostuvo que sus hijos no participarían en política mientras él estuviera en el gobierno, es que alrededor de Andy surgió una red de colaboradores y amigos que posteriormente ocuparon posiciones de primer nivel en el gobierno federal.
De la llamada Ayudantía presidencial, surgieron funcionarios que llegaron a áreas estratégicas de Pemex, Hacienda, el SAT, la CRE y la CNH.
Entre los nombres de ese círculo aparece Ángel Carrizales, que de la Ayudantía pasó al sector energético, incluida la dirección de ASEA; Daniel Asaf, Marcos Herrería, Rogelio Hernández Cázares y otros más que vienen desde la escuela Logos, propiedad del padre del actual secretario de Finanzas de la CDMX, Juan Pablo de Botton Falcón.
Antonio Martínez Dagnino, que encabezó el SAT y, Daniel Asaf, que, de jefe de la Ayudantía, pasó a ser diputado de Morena y compañero de Andy en aquel famoso viaje a Japón donde aparecieron las fotografías de hoteles, restaurantes y compras de lujo en Tokio.
Luego vinieron las explicaciones de Andy acerca de que los adversarios habían mandado “espías” para vigilar su estilo de vida y especular sobre el origen de los recursos para financiarlo.
El patrimonio empresarial de Andy creció con Annex, una plataforma de hospedaje de propiedades de lujo con inmuebles en México, Seattle, California y Tokio relacionada con sus amigos cercanos.
Todo forma parte del contexto. Pero no constituye una explicación de la cancelación de la visa.
Las preguntas que deja abiertas
¿Se trata de información financiera? ¿De investigaciones relacionadas con corrupción, huachicol o lavado de dinero? ¿Testimonios obtenidos de personas detenidas o protegidas? ¿Información proporcionada por operadores de organizaciones criminales o de empresarios que han decidido colaborar? ¿Tiene qué ver con expedientes de funcionarios mexicanos cuyas visas han sido canceladas? ¿El caso de Marina del Pilar? ¿Es información de inteligencia? ¿O de algún expediente que todavía no conocemos?
No hay elementos públicos suficientes para responder.
Sin embargo, resulta llamativo que la presidenta Sheinbaum haya señalado que la Fiscalía no tiene prevista una investigación contra Andy.
No sabemos qué fue lo que Estados Unidos encontró, Washington guarda silencio y la carta de Andy no responde la pregunta.
Por el contrario, hace más grande la duda. En cuanto a la respuesta de la presidenta Sheinbaum, como dice el dicho, aclaración no pedida, acusación manifiesta.
Al final la cancelación de la visa no convierte a nadie en delincuente, ni debe tener implicaciones sobre México. Es tema de un particular y una decisión migratoria de otro país.
Andy tiene derecho a impugnar y exigir las explicaciones que considere pertinentes y si quiere despejar las dudas, también podría hacer público el documento mediante el cual Estados Unidos le comunicó la cancelación.
Pero mientras no pase nadie sabe ¿qué encontró Washington para retirarle la visa?
Y mientras eso no se sepa, la carta no cierra el caso. Lo agranda.
