Hubo un tiempo en que Andrés Manuel López Obrador las llamaba las “benditas redes sociales”.

No era solamente una frase simpática. Las redes fueron una pieza importante de su estrategia política porque le permitieron hacer algo que entonces parecía revolucionario: saltarse a los medios tradicionales y comunicarse directamente con millones de personas.

Cuando ganó la Presidencia en 2018 incluso les agradeció públicamente su contribución. Estudios posteriores sobre aquella elección han documentado la importancia de Twitter y otras plataformas en la comunicación de los candidatos y, particularmente, el alcance conseguido por López Obrador.

Las redes permitían cuestionar a periodistas, desmentir periódicos, confrontar a conductores de televisión y colocar una versión alternativa de los acontecimientos.

Eran, desde aquella perspectiva, una herramienta democratizadora.

Y en buena medida lo siguen siendo.

El problema es que una herramienta que sirve para cuestionar al poder cuando uno está en la oposición continúa sirviendo exactamente para lo mismo cuando uno llega al gobierno.

Ahí comienzan las incomodidades.

Un mapa de quienes critican al gobierno

El pasado 12 de agosto ocurrió algo que merece más atención de la que aparentemente ha recibido.

Durante el programa oficial Derecho de Réplica, transmitido desde Palacio Nacional, la Consejería Jurídica presentó un análisis sobre lo que denominó un “ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias”.

La explicación dividió ese ecosistema en distintas capas.

En la primera, según la propia presentación gubernamental, fueron identificadas principalmente 54 cuentas de medios de comunicación, analistas políticos y “comentócratas”. Una segunda capa estaba formada por 32 cuentas vinculadas con personajes políticos y otra incluía cuentas anónimas, trolls y perfiles dedicados a amplificar los mensajes.

La presentación provocó inmediatamente acusaciones de que el gobierno había creado una lista de periodistas y medios críticos.

Claudia Sheinbaum lo negó.

“No hay ninguna lista”, respondió dos días después. Según la presidenta, lo presentado era solamente un análisis para explicar cómo funciona la amplificación artificial en las redes sociales.

Conviene tomar en serio esa explicación.

No tenemos elementos para afirmar que exista una orden gubernamental para perseguir a quienes aparecieron allí ni que se trate formalmente de una “lista negra”.

Pero eso tampoco elimina el problema.

Porque la discusión importante no consiste en decidir si debemos llamarle lista, mapa, análisis o ecosistema.

La pregunta es mucho más sencilla:

¿Qué significa que el gobierno utilice una plataforma oficial para identificar públicamente a periodistas, medios y ciudadanos que considera parte de una estructura que amplifica mensajes en su contra?

El poder también tiene derecho a defenderse

Por supuesto que el gobierno tiene derecho a responder.

Si un periódico publica información falsa, debe señalarlo.

Si un periodista presenta datos incorrectos, puede corregirlos.

Y si existen redes coordinadas de bots utilizadas para manipular artificialmente una conversación, sería deseable que el gobierno las investigara y mostrara cómo funcionan.

El problema comienza cuando dejamos de discutir el contenido para empezar a clasificar a las personas que lo publican.

No es lo mismo demostrar que una información es falsa que colocar al periodista que la difundió dentro de un mapa de adversarios digitales.

Tampoco es lo mismo que dos ciudadanos se enfrenten en X a que una institución del Estado señale a uno de ellos desde Palacio Nacional.

El tamaño del altavoz importa.

También importa quién lo sostiene.

El gobierno mexicano tiene recursos públicos, canales oficiales, conferencias transmitidas diariamente y una enorme capacidad para colocar cualquier nombre en el centro de la conversación.

Por eso su responsabilidad también debe ser mayor.

Ya sabemos hasta dónde puede llegar un señalamiento

Y aquí la discusión deja de ser hipotética.

En agosto de 2025, Gerardo Fernández Noroña, entonces senador, difundió en X una fotografía de la periodista Azucena Uresti junto con información sobre la ubicación de su supuesto domicilio y el valor del inmueble.

ARTICLE 19 condenó públicamente el hecho y recordó una advertencia especialmente importante de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH: cuando datos personales de periodistas son divulgados en el contexto de declaraciones oficiales, pueden aumentar situaciones de hostilidad, intolerancia o animadversión hacia ellos.

Meses después, el mismo legislador volvió a publicar información sobre actividades privadas de la periodista, lo que llevó a ARTICLE 19 a reiterar su preocupación por el uso de tiempo y recursos de funcionarios públicos para exponer y estigmatizar a integrantes de la prensa.

Eso sí se acerca directamente a lo que conocemos como doxeo: recopilar o difundir datos personales de una persona con consecuencias potencialmente intimidatorias o peligrosas.

No estoy diciendo que la presentación del 12 de agosto constituya doxeo.

No lo fue.

Pero existe una línea que debemos observar con cuidado:

señalamiento, identificación, exposición, hostigamiento y, finalmente, publicación de información personal.

No necesariamente todas las historias recorren ese camino.

Pero México ya tiene ejemplos suficientes para no fingir que el riesgo no existe.

¿Cómo sabemos que son bots?

Existe además otro problema en la presentación gubernamental.

Si realmente se detectó una operación artificial de amplificación, la información podría ser muy valiosa.

Pero entonces necesitamos conocer la metodología.

¿Cómo se determinó que una cuenta forma parte de una red?

¿Qué comportamiento técnico permitió identificarla?

¿Se analizaron horarios de publicación, patrones de retuits, creación simultánea de cuentas, automatización, repetición de contenidos o relaciones entre perfiles?

¿Cuántas de esas cuentas eran realmente automatizadas?

¿Y cuántas eran simplemente personas que coincidían en criticar al gobierno?

Porque compartir una noticia no convierte a alguien en bot.

Criticar a Sheinbaum tampoco demuestra coordinación.

Que veinte periodistas hablen simultáneamente de un escándalo puede significar que existe una campaña.

O simplemente puede significar que existe un escándalo.

Esa diferencia solamente puede resolverse con evidencia.

Si el gobierno cuenta con ella, debería publicarla completa para que investigadores, universidades y especialistas independientes puedan reproducir el análisis.

Eso sería transparencia.

Mostrar nombres acompañados de una interpretación política es otra cosa.

Las redes no cambiaron

Quizá ésta sea la parte más interesante de toda la historia.

Las redes sociales no traicionaron a Morena.

No cambiaron de ideología.

Tampoco se volvieron repentinamente conservadoras.

Siguen haciendo exactamente aquello por lo que López Obrador las calificó alguna vez como “benditas”.

Permiten que cualquier persona cuestione una versión oficial.

Permiten que una investigación periodística circule sin pedir permiso.

Permiten que ciudadanos contradigan a funcionarios.

Permiten que pequeños medios compitan, al menos temporalmente, con enormes estructuras de comunicación.

Y permiten también propaganda, mentiras, bots, campañas coordinadas y manipulación.

Todo eso estaba allí cuando Morena era oposición.

La diferencia es que entonces el partido se beneficiaba enormemente de un ecosistema que desafiaba al poder establecido.

Ahora Morena es el poder establecido.

Del derecho de réplica al derecho de señalar

Además, todo esto ocurre en un contexto que no debería ignorarse.

El gobierno de Sheinbaum creó recientemente un programa semanal denominado precisamente Derecho de Réplica, desde el cual busca responder a lo que considera noticias falsas utilizando información oficial.

Al mismo tiempo, México discute nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias que han provocado una controversia sobre hasta dónde puede llegar el Estado al exigir veracidad, diferenciar información de opinión y regular determinadas obligaciones de los medios.

Incluso la oposición ha propuesto que la propia mañanera presidencial quede sujeta al derecho de réplica, precisamente por la enorme capacidad que tiene esa tribuna para establecer versiones oficiales sin que las personas señaladas puedan responder en las mismas condiciones.

Vistos de manera aislada pueden parecer asuntos distintos.

Pero juntos dibujan una discusión mucho más importante:

¿qué papel quiere asumir el Estado mexicano dentro de la conversación pública?

Informar es una obligación.

Responder es un derecho.

Desmentir puede ser necesario.

Pero identificar públicamente a quienes generan críticas y colocarlos dentro de estructuras políticas merece un escrutinio mucho mayor.

Las redes siguen siendo benditas

Los periodistas no son intocables.

Los medios tampoco.

Se equivocan, tienen líneas editoriales, intereses económicos, posiciones políticas y algunas veces publican información incorrecta.

Deben ser criticados.

También deben responder por su trabajo.

Pero existe una diferencia fundamental entre cuestionar una publicación y utilizar el aparato del Estado para señalar a quien la publicó.

Claudia Sheinbaum asegura que no existe ninguna lista.

Sería deseable que así permanezca.

Porque un gobierno democrático no necesita catalogar a sus críticos para responderles.

Necesita argumentos.

Necesita datos.

Necesita transparencia.

Y, sobre todo, necesita comprender que la libertad de expresión tiene una característica que puede resultar profundamente incómoda para cualquier gobernante:

también protege a quienes están equivocados, exageran, molestan, investigan, contradicen y critican al poder.

Las redes sociales siguen siendo aquellas “benditas redes” que López Obrador celebraba.

Lo que cambió no fueron las redes.

Cambió quién tiene el poder y quién está utilizando esas mismas redes para cuestionarlo.