Los cinco expertos de la CIDH que mandó el mexicano Emilio Álvarez Icaza a investigar el caso Iguala por un millón de dólares cada seis meses, se marchan dentro de un mes. Aunque su partida no tiene la menor importancia porque, en un año de trabajo y de sueldos, aportaron poco a la pesquisa.
El problema será para los expertos porque perderán la “inmunidad total” que consiguieron en el convenio que firmó la CIDH con el gobierno mexicano, para evitar posibles acciones de la justicia en su contra, mientras trabajasen en el caso Iguala.
Quiere decir que, sin la “inmunidad total” que les aporta la pesquisa sobre la desaparición de los 43 normalistas, algunos de ellos deberán dedicarse a enfrentar acusaciones formales que enfrentan en sus países, por presuntas negligencias en el ejercicio de sus encargos como juristas. Veamos:
1.- La colombiana Ángela Buitrago enfrenta en su país un proceso por calumnia y delitos contra la administración pública, y falsedad ideológica en documento público, porque siendo Fiscal General de la República fabricó testimonios para encarcelar a un inocente, sólo porque era militar.
También enfrenta denuncias por prevaricato, falsedad de declaraciones y fraude procesal, porque mantuvo en prisión ocho años al coronel Luis Alfonso Plazas sin más pruebas que una declaración escrita de un personaje que ella inventó y nunca pudo presentar físicamente en el juicio.
2- El nombre del español Carlos Beristain figura en fraude de 9.5 mil millones de dólares, por haber “exagerado” los efectos de un derrame petrolero en Ecuador: una estafa ideada por el abogado estadounidense Steven Donziger, según dictaminó el juez Lewis Kaplan, de la Corte de Distrito de Nueva York.
3.- La guatemalteca Claudia Paz y Paz es acusada en su país porque, cuando fungió como Fiscal General de la República, presionó en 2012 a la funcionaria Gilda Aguilar para dar trato preferencial y revocar órdenes de aprehensión contra guerrilleros.
Aguilar se negó a revocar los delitos, como le ordenó Paz y Paz, y sufrió un atentado con arma de fuego la noche del 22 de agosto de 2012. El ataque nunca fue procesado y alguien limpió la escena del crimen para obstaculizar la investigación.
4.- El chileno Francisco Cox estaría incurriendo en conflicto de intereses porque dobletea con el sueldo del caso Iguala (136 mil pesos al mes, más viáticos y transporte), al cual no se dedica de tiempo completo, pues viaja seguido a Uganda para trabajar en otro tema.
Si se marchan en abril (como adelantó ayer el Secretario de Gobernación) el problema será para algunos de ellos: ¿Qué harán sin la “inmunidad total” de la cual gozan? Pues algo muy básico:
Trabajar duro para enfrentar sus problemas.
Este artículo fue publicado en La Razón el 30 de Marzo de 2016, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página
