El pasado 26 de agosto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió que el 24 de septiembre concluiría la transmisión de las señales analógicas de televisión en Monterrey y otras localidades de los estados de Nuevo León, Baja California Sur, Durango e Hidalgo. Esta sería la primera ocasión en que una de las tres grandes ciudades del país apagaría sus señales para dar entrada a la Televisión Digital Terrestre (TDT).
Para tomar esta decisión, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tuvo que comprobar que el 90% de los hogares de escasos recursos contaban con un televisor digital o con decodificadores para recibir las transmisiones digitales. Y así lo hizo o al menos así lo informó, sin embargo, la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes denunció que a tres semanas del apagón analógico 400 mil familias de escasos recursos no tienen acceso a la televisión digital.
De acuerdo con los últimos datos del INEGI, en Monterrey habitan un millón 135 mil 550 personas, de las cuales, 244 mil 764 se encuentran en pobreza y pobreza extrema y 429 mil 391 en condición vulnerable por carencias sociales, según los datos de 2010 del Coneval.
No obstante, en la capital nuevoleonense sólo se entregaron 48 mil 381 televisiones y la alcaldesa reclama a la dependencia 400 mil.
En ese sentido, exigió a la secretaría de Comunicaciones y al director general del Centro SCT Nuevo León, Roberto Cervantes Martínez, entregar dicho número de aparatos o decodificados a las familias no beneficiadas, en el entendido que la supresión de las transmisiones análogas han dejado a casi la mitad de la población sin acceso a una “herramienta de información y de entretenimiento gratuito para sus familias”.
Arellanes Cervantes incluso cita el artículo 6 de la Constitución, el cual estable que el Estado garantizará el derecho a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.
Este panorama, incluso empeora a nivel estatal. De acuerdo con el Partido Acción Nacional (PAN), el apagón analógico dejó sin televisión a 252 mil hogares, equivalentes a 924 mil personas en Nuevo León. Sin embargo, para la subsecretaria de Comunicaciones de la SCT, Mónica Aspe Bernal, el apagón analógico en Monterrey ha sido ordenado, pacífico y correcto, así lo dijo apenas esta semana durante su comparecencia en la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República.
El PAN, a través de un comunicado, advirtió que la mala implementación del apagón analógico puede dejar sin acceso a la televisión a 6.7 millones de personas, entre Nuevo León, Guadalajara y el Distrito Federal.
Ricardo Anaya, presidente del partido, aseguró que el programa está mal diseñado y mal ejecutado, pues mientras en Nuevo León casi un millón de personas se quedaron sin acceso a la TV, en el Distrito electoral 1 de Aguascalientes se reparten televisores en plena elección extraordinaria. En meses pasados, previo a las elecciones federales del 7 de junio, partidos de la oposición también denunciaron la entrega, pues consideraban que se trataba de un estrategia del gobierno, es decir del PRI, para tener más votos.
Ante las denuncias, el Tribunal Electoral sólo consideró oportuno quitar de las cajas el logo “Mover a México”.
El apagón analógico “fue concebido más como un programa electoral que como una política pública. Nuevamente vemos como una buena reforma, se encuentra en malas manos”.
Anaya, asimismo, criticó que tampoco existe un buen programa de manejo de residuos y adelantó que los legisladores de su bancada en ambas Cámaras citarán a comparecer a los funcionarios involucrados en el programa pues está mal diseñado, mal ejecutado y no cumple con los objetivos de la reforma.
ahea
