A lo largo de poco más de dos décadas la fiscalización se ha convertido en un pilar del sistema electoral mexicano que responde a dos razones centrales: a) al principio de rendición de cuentas que supone el múltiple propósito de inhibir conductas ilícitas, transparentar los ingresos y gastos de partidos y candidatos, y b) contribuir a la equidad electoral garantizando que se respeten los límites al gasto autorizados para evitar que el flujo de recursos económicos sea determinante de una elección.
La natural tensión que existe entre dinero y política es la principal causa del mandato constitucional para controlar los ingresos y gastos de las campañas, y explica que en la reforma de 2014 se haya instituido un nuevo paradigma en esta materia que se dejó en manos del INE, y que fijó parámetros mucho más estrictos para los partidos políticos en el reporte de sus operaciones financieras. Entre ellos, que la contabilidad se reporte en tiempo real; que los ingresos y gastos se plasmen en un sistema informático; el plazo de 45 días para concluir la labor fiscalizadora y la eventual nulidad de las elecciones.
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