El consejero del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Rodolfo Leyva Martínez, impugnó la designación del sacerdote jesuita de la Diócesis de la Tarahumara, Javier “El Pato” Ávila Aguirre, como miembro del Consejo General de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado.
La designación de Ávila Aguirre se dio luego de la terna de candidatos que presentó el gobernador Javier Corral a la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el reporte de Proceso, el juez Octavo de Distrito, Mauricio Fernández, aceptó el pasado 11 de julio el amparo tramitado por Leyva Martínez, por la “ilegal designación del sacerdote jesuita (…) producto de un doloso atropello de la Constitución federal efectuado por el gobernador Javier Corral Jurado, con la aquiescencia del Congreso local”.
En entrevista para el semanario, el integrante del Ichitaip explicó que la designación del prelado viola el Estado Laico asentado en la Constitución, pues significa la participación de un clérigo en una estructura del gobierno.
Aunado a ello, acusó a Corral Jurado y a su administración de incurrir en un acto de corrupción ya que “El Pato” y el mandatario estatal son amigos.
“Los controles fallaron, ninguno de los dos tuvo la entereza, el carácter, la humildad, la madurez para decir que es incorrecto, aunque sean amigos; falló la estructura de gobierno, el secretario general promovió al sacerdote (…) el Congreso falló porque nadie le dijo que no. Este caso va a sentar precedente histórico para que nadie repita un acto de corrupción de esta manera”, sostuvo.
En respuesta, el prelado dijo que todo se trata de un ataque contra el gobernador ya que no conoce en persona al consejero.
“Sé que es panista y tuvo una mala actuación en la dependencia donde trabaja (…) de cualquier manera, sé que no puede ver a Javier y el golpe no es contra mí, sino contra Javier porque estoy cerca de él. Veo que busca reflectores y claro, golpeando, echando todo”, declaró.
“Yo no soy tan importante para que alguien me dedique toda una página. Creo más bien que me agarró de chivo expiatorio y trampolín para embarrar a Javier”.
Por su parte, el secretario general del gobierno de Chihuahua, César Jáuregui Robles, señaló que la ley de víctimas no les impide la designación del sacerdote, aunado a que él fue seleccionado de una terna propuesta por organizaciones de la sociedad civil.
El funcionario dijo, además, que no se viola ninguna ley y no se está por encima de la Constitución ya que Ávila Aguirre no ejerce ningún puesto público o forma parte del organigrama del Poder Ejecutivo.
Javier Ávila junto con el fiscal César Augusto Peniche Espejel y tres comisionados más, son los encargados de dirigir la Comisión de Víctimas del estado y dentro de sus actividades está la toma de decisiones gubernamentales generales y específicas, elaboración de programas de políticas públicas, asignación de recursos y nombramiento de funcionarios.
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