Este texto fue publicado originalmente el 13 de octubre de 2009, lo abrimos de manera temporal dada su relevancia periodística.
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El 23 de septiembre anunciamos la entrevista que Ruth Esparza Carvajal sostuvo con el entonces titular de la CDHDF. Dijimos que el material sólo se encontraría en la versión impresa pero, en virtud de que Emilio Álvarez Icaza es uno de los candidatos a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hemos decidido publicar la plática íntegra que la subdirectora de etcétera tuvo con Álvarez Icaza.
¿Cuál ha sido el principal obstáculo de tu trabajo en la Comisión de Derechos Humanos?
El peso de las herencias y la inercia. No basta con que lleguen nuevas personas a la administración pública, o que haya un cambio de partido. Puede haber, como es el caso de la ciudad, un contexto donde llega un partido que se identifica con la izquierda. Pero el problema es que la ciudad tiene más de 300 mil personas trabajando para la administración, súmale 80 mil policías, de las distintas corporaciones, y se ha aprendido a hacer las cosas de cierta manera que se reproducen institucionalmente y socialmente. Entonces sí hay avances, la propia existencia de la Comisión es un reflejo de eso, pero no bastan las leyes, te das cuenta que todavía hay una muy débil cultura institucional de los derechos humanos y eso lleva a que los policías, los custodios, los oficiales, la función pública no se entiendan con las reglas de los derechos humanos. Entonces aunque tengas un nuevo titular, se hacen las cosas de otra manera. Cambia el titular y puede tener voluntad política, puede encabezar la indignación. Eso tiene sus desniveles, pero si no te metes al corazón, a las formas de hacer las cosas, a los tramos de control, a los procedimientos, no va cambiar más que muy paulatinamente. Entonces la comisión tiene la limitante de que tiene que ejercer no sólo un mecanismo de rendición de cuentas sino también de persuasión. Entonces el debate ha sido cómo atendemos casos pero también, como enfrentamos las causas. Eso llevó a una evolución de trabajo de la Comisión a debatir los temas de política pública y por eso terminamos con el diagnóstico y el programa de derechos humanos en el DF. Hicimos cerca de 22 informes especiales, hoy presentamos uno, el de justicia para adolescentes, que es parte de esto, el gobierno de la Ciudad que vio el problema de justicia para adolescentes y lo que significó enfrentar eso.
Hay que profundizar en la cultura de los derechos humanos.
En la cultura y en la gestión de servicio público; recibimos todos los años 3 mil quejas de los reclusorios. Con independencia del servidor público en muchas circunstancias hay que ir revirtiendo una normalidad, un estado de cosas, que por operación y condición propicia la violación a los derechos humanos, y eso ha sido lo más difícil.
¿Qué opinas del caso Jacinta?
Es una de las representaciones más demoledoras de la disociación entre justicia y legalidad, una representación simbólica de pasar de la procuración de justicia a la administración de la venganza. Como no se tiene al culpable entonces alguien paga. Resulta inverosímil, raya en lo ridículo, cuando ves a esa mujer y resulta que secuestró a seis AFIs, es ofensivo. Por supuesto que por ley yo no puedo decir si alguien es inocente o culpable pero te encuentras una aparato de justicia con impunidad. Te encuentras casos tan dolorosos, y sobre este asunto todavía hay dos mujeres más presas.
¿Qué se hace en estos casos?
Afortunadamente, el caso se pudo ubicar en el centro de atención pública. Muy dolorosamente, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cuántas Jacintas hay? Esa es otra pregunta, sabemos que hay muchas Jacintas anónimas que no tienen los recursos o la vía para difundir sus casos. Sabemos que las cárceles están llenas de gente que incluso aún no ha sido sentenciada. Y además en las cárceles no hay un programa de reintegración. Yo creo que es una de las agendas más críticas de la ciudad.
De la Ciudad y del País.
El caso de la ciudad es emblemático porque, como en 2003 se modificó el Código Penal para sancionar en mayor medida el robo, estamos viviendo una situación gravísima. Yo entré en octubre de 2001 y había 16 mil 500 personas en reclusión. Ahora hay casi 41 mil. Es una cantidad brutal, si piensas que cada interno tiene 4 (miembros) de familia, quiere decir que en los últimos 10 años, 1 millón y cuarto de ciudadanos han tenido contacto con uno de los eslabones más débiles y corruptos de sistema de justicia. Eso es casi el 15% de la población de la ciudad.Lo dramático es que repercute en los jóvenes, en la gente de bajos recursos y la gran mayoría, el 60%, está por delitos menores a 3 mil pesos. Hay un abuso de la pena privativa de la libertad, un castigo específico a los pobres y el modelo que se ha desarrollado acaba suscitando un costo, la sociedad paga cuando es víctima y jamás recupera nada, pagamos cada vez más altos costos en reclusorios y pagamos cuando la gente que entra sale peor. Llevamos 15 años de esa medicina, a eso yo lo llamaría populismo político. Ya llegamos hasta el extremo de proponer la pena de muerte.
¿Qué opina de esa propuesta del Verde Ecologista?
Nosotros nos opusimos. Lamentablemente fuimos de las pocas entidades de derechos humanos que lo hizo. A mí me parece peligrosísimo.
Además esa propuesta le dio votos al PVEM.
La desesperación es muy mala consejera. Me parece que confunden las causas con las consecuencias. Lo que se le pide al Estado es que sea igual que sus asesinos, que les responda igual.
¿Qué propone la Comisión para emprender una ruta de cambio en la impartición de justicia?
Lo que nosotros hemos discutido es que tiene que haber una política integral de seguridad, un trabajo de prevención y la mejor manera es tener condiciones para que la gente pueda desarrollarse. Eso te lleva a una política integral y congruente, por ejemplo, con la juventud. Das un programa de becas y tienes hechos en que los pones como predelincuentes, como en el News Divine. Ahí hay un problema muy severo de la política social disociado de la impartición de justicia. Tienes que generar la reforma constitucional para crear mecanismos de penas alternativas que no te lleven al abuso de la pena privativa: hoy convive un multihomicida, un narco, con un chavo que se robó una chamarra. Entonces, los reclusorios son más bien escuelas de crimen. Se tienen que cambiar esos paradigmas por un modelo social. Se ha demostrado con mucha claridad que los países que mejor cumplen el pacto internacional de los derechos humanos e instrumentos internacionales en materia social son los que menos problemas de delincuencia tienen. Eso está demostrado.
¿En qué lugar están México y el DF en el cumplimiento de los derechos humanos?
En el cumplimiento de Derechos e indicadores de desarrollo humano, cada vez va más hacia arriba. El problema es cuando disocias la política de seguridad social de ese entendimiento. Me hago cargo de un problema real de inseguridad y mucha gente se siente desprotegida, pero insisto en que hay que entender que la seguridad es un derecho. Y a partir de ese derecho está la obligación del Estado: yo no creo que se pueda desarrollar sólo bajo el esquema de policías y bandidos. Cada vez hay más conceptos, como el de seguridad ciudadana, que obligan a la agendas sociales y también a la corresponsabilidad; por ejemplo, hacer de las instituciones de seguridad instituciones de la democracia. Una cosa es que ejerzan la autoridad, el monopolio de la fuerza, y otra es que sean instituciones profundamente autoritarias y represivas. Todavía no logramos entender y asumir que las instituciones de seguridad son parte de las instituciones de la democracia. Y tenemos herencias: lamentablemente la relación que tenemos con las policías es de una enorme desconfianza y eso es muy dramático porque es el servidor público más cercano. Cuando uno revisa cualquier encuesta, las instituciones en las que la gente menos cree son las que tienen que ver con la legalidad. Y eso es muy difícil en términos de la vigencia de un Estado democrático, de un Estado de derecho. Si no cambiamos ese entendimiento y asumimos una agenda de democratización de las instituciones y de las reglas, difícilmente se va a lograr. Creo que la reforma constitucional de la justicia abre alguna ruta, no veo como lo van a implementar.
Es el reflejo de lo que pasa en toda la estructura gubernamental. Hay una cultura de la corrupción muy enraizada en todos los ciudadanos. Por ejemplo: cuando una grúa se lleva tu auto, los agentes de tránsito te dicen que si te hubieras “arreglado” con ellos, eso no hubiera pasado. Luego llegas al corralón, y para sacar tu auto tienes que pagar mucho dinero y pasar por un proceso burocrático larguísimo. Parece que de verdad lo mejor sería encontrar al agente de tránsito y arreglarse con él.
Hay datos de gente que ha dejado su carro en el corralón por cinco años y al final lo deja perder porque es tal la cantidad que debe por derecho de piso que la multa vale más que el carro. El problema es que el estado de las cosas es el mundo al revés, quien cumple la norma está loco. Hay una condicionante social que te dice “¿cómo se te ocurre cumplir la norma? No, eso no es así, mira no”.
Respecto a este tema, ¿qué opciones ofrece la CDHDF?
Lo que intentamos es que la gente no se vaya sin respuesta. De cada cinco asuntos que nos llegan, sólo en uno podemos intervenir por mandato constitucional, ya que se trata de asuntos entre particulares, son temas de orden jurisdiccional. Además, en algunos casos, los involucrados en el conflicto no son del Distrito Federal. El trabajo de orientación incluso tiene mucho que ver con el perfil de la gente que llega. La verdad es que la gente pobre no tiene acceso a la justicia, y en este país hay una institución social que es muy importante y determinante que se llama la “palanca”. Los pobres no tienen “palanca”. No tienen un compañero de generación que trabaje en el Ministerio Público, o un cuñado que es amigo del señor… Así se resuelven muchas cosas en este país. Eso te enfrenta a un trabajo de gestión pública, en donde en el centro están las necesidades de la burocracia o del propio aparato: los horarios, los papeles, la lógica, no están hecho en función de la necesidad de la gente. Por ello, a veces, la sola gestión ayuda, aunque no sea de nuestra estricta competencia. Cuando es de nuestra competencia pues ya intervenimos a investigar.
¿Qué relación hay entre la Comisión y el gobierno para ir cambiando las cosas?
Se da de distintas maneras. A veces por coordinación y otras por confrontación. A veces tiene que ser vía una recomendación. El caso paradigmático es el de Jacinta, que queda de tal manera exhibido que ayuda a que las cosas cambien. Pero en muchas ocasiones los servidores públicos se sienten exhibidos o amenazados, piensan que las instancias de rendición de cuentas son para ajuste de cuentas. Eso genera mucha tensión. Ahora, si hay entendimiento de las cosas desde una responsabilidad de Estado, se puede avanzar mucho más rápido en un caso. Yo digo que en la Comisión hay una regla: no puedes dinamitar puentes, cuando tú estás en una organización de la sociedad civil puedes escoger casos y te vas a tope porque no afectas a otra víctima; en cambio acá, después de ver a ese señor, al día siguiente lo vas a ver con diez casos más y después con cinco más. Entonces, puedes tener un profundo desacuerdo con el servidor público, pero con ese te tienes que entender, porque tú representas a la víctima. De la procuraduría recibimos una de cada tres quejas y no puedes de buenas primeras decir: “bueno, yo ya no voy a ver al subprocurador”. En ocasiones debes intentar convencerlo, en otras tienes que exhibirlo, incluso en ocasiones hemos denunciado. Producto de las intervenciones de la Comisión se llevan como mil procedimientos al año, administrativos o penales. Y eso repercute en 30 o 40 servidores públicos que van a dar al reclusorio, 40 pierden su trabajo, unos 150 tiene amonestación o sanción.
¿Y eso que tipo de reacciones generan?
Mucha molestia.
¿Qué opinas del discurso de que la Comisión de Derechos Humanos no les permite realizar su trabajo porque defiende delincuentes?
En muchas ocasiones es la expresión pública de actos de corrupción, complicidad o contubernio. Como uno de los secuestrados era amigo del comandante, después de que lo detuvieron le dieron una tortura terrible, entonces está el dilema de las dos verdades. Es cierto que el señor cometió un delito y debe pagar por ello, pero también es cierto que la policía cometió un delito y también tiene que pagar por ello.
Y ese tipo de noticias se magnifican: “cómo la Comisión interviene defendiendo los derechos de algunos delincuentes”.
Además es un tema muy sensible. Hubo un caso muy sonado de la hija de una conductora de un canal de televisión que había sido víctima de un secuestro: los secuestradores solicitaron reducción de la pena y la Comisión intervino y encontró elementos legales. Eso significó una campaña de dos o tres semanas de ataques directos en todos los noticieros. Tuve una reunión con todos los conductores de noticias y al final me dice una de las conductoras: “Ah, entonces usted no defiende delincuentes, ah qué bueno saber, pero ya llevaban tres semana sorrapándonos”. Era más una cuestión de solidaridad gremial con la chava que había sido atacada.
¿Hasta qué punto han permeado los derechos humanos en la cultura?
En esencia, la cultura de los derechos humanos es muy reciente. Hace 40 años, cuando tú hablabas de derechos humanos, se creía que era un asunto de subversivos. Ahora ha venido ganando terreno porque el tema de los derechos humanos ganó la batalla ideológica, y hoy es un concepto no sólo aceptado sino que es un indicador de la gestión de gobierno, pero eso no significa que todo mundo asuma y entienda los derechos humanos, inclusive hay quienes los ven con temor y como pérdida de valores. Eso es no entender que el avance en la cultura de los derechos significa el avance en la cultura democrática. Actualmente, el entorno más inseguro para una mujer es su casa. Las escuelas todavía tienen muchos problemas de violencia y discriminación; los ambientes laborales, ni se diga. Apenas estamos en construcción de los derechos humanos, más allá de un discurso político, se trata de una práctica cotidiana. Y esa práctica se está repensando.
Es un cambio cultural. Concretamente en las escuelas cual sería el trabajo de la Comisión?
No podemos sancionar a la autoridad, pero sí tenemos una agenda muy fuerte del trabajo educativo: talleres a maestros, diplomados, un trabajo con niños que se llama “La casa del árbol”. Además, al año, vienen unos dos mil niños con los maestros a jugar cultura de derechos y cultura de la democracia. Se hace mucho trabajo con organizaciones de la sociedad civil, de manera que se multiplique como proyecto de juventud. La Comisión actúa esencialmente desde la lógica de la sinergia, porque no podemos ni debemos sustituir a la SEP, sino que la SEP tiene que trabajar con un código de derechos humanos. También, hemos trabajado en algunas coediciones de textos, para dar a los maestros materiales complementarios en Derechos Humanos.
Existe la percepción de que estos institutos, como el IFE o el IFAI, son organismos onerosos para la sociedad y no reflejan resultados.
Es un tema de debate muy fuerte. En los últimos 35 años, de manera paulatina y consistente, este país ha hecho una redefinición del Estado muy profunda, hemos hecho más de 15 instituciones para tutelar derechos. Eso significa más de 300 leyes en los últimos 25 años y son más de 490 entidades. Cuando tú ves dices qué pertinente que cada vez haya más instituciones que defienden derechos. Claro, este debate también se extiende al descrédito que tiene una parte importante del sector público. Creo que el debate tiene que ver en cómo de manera más eficaz y eficiente se tutelan esos derechos.
Falta más difusión de lo que se hace, ¿no tienen tiempos oficiales?
Sí, pero cada vez que hay un informe presidencial nos mandan a las 3 de la mañana. Tienes que estar insistiendo para que te den los tiempos o también, por ejemplo, puedes hacer una campaña pro-derechos humanos y sale una campaña como la del Partido Verde y te hace pedazos. O puedes estar promoviendo un caso paradigmático contra la homofobia y basta que en la novela exitosa del momento salga el típico cliché homofóbico, para que reafirmes el fenotipo discriminador. Hay grupos que tienen mucha resistencia y tienen agenda pública para evitar que eso avance. Uno de los mejores ejemplos es la agenda de los derechos de las mujeres. Lo que se avanzó en la ciudad se está intentando que no suceda en otras entidades, ya 16 estados han reformado su constitución. Se han reforzado reformas anteriores a 1870, es un brinco para atrás, de 150 años. No es un tema lineal y tampoco podemos considerar que lo ganado, ganado está.
Vamos hacia atrás.
Lo que se ha reforzado son reformas anteriores a 1870. En el Código Penal de 1870, se establecían causales de excepción para el delito de aborto. Es un brinco para atrás de 150 años. No es un tema lineal. Tampoco podemos decir que lo ganado, ganando está. El avance en la cultura de los derechos humanos, es visto por algunas personas como una clara amenaza, absolutamente.
¿Cuáles han sido los momentos más difíciles en estos 8 años?
Yo ubico tres. El primero, cuando tenía 19 días de haber llegado: encuentran sin vida el cuerpo de Digna Ochoa en el despacho de mi primera visitadora, Pilar Noriega. Noriega tenía cuatro días conmigo y eso fue un golpe durísimo. Varios de mis colaboradores habían trabajado con ella. Hubo que tomar la provisión para que ninguno se involucrara en la investigación. Entonces ésta la lleva el segundo visitador que no la conoció en vida. El segundo momento fue el proceso 2005–2006, del desafuero al plantón, porque eso metió a la Comisión, eventualmente, como a todo el país, a un proceso de mucha tensión donde se buscó generar alineaciones de “estás conmigo o contra mí” y la Comisión asumió una centralidad que en algún momento nos llevó a tener enfrentamientos con todos. Y cuando vino el tema del plantón de Reforma; fue un extraordinario desafío institucional, de esa sola queja fueron 2 mil 500 casos y al final la Comisión asumió la posición de que había una violación a los derechos u omisión por parte de la autoridad.
El derecho a la manifestación frente al derecho de libre tránsito.
Ambos derechos se podían conciliar. Lo que decíamos es “abran las laterales”. O asumamos, yo se lo dije al jefe de gobierno, “la primera persona que muera en una ambulancia es tu responsabilidad”. Yo se lo advertí al jefe de gobierno. Algo similiar ocurrió cuando iban a iniciar las clases. Hicimos un estudio y en lógica circuncéntrica, el impacto del plantón con alumnos, maestros y vecinos, llegaba a cerca de 800 mil personas. “Ustedes son responsables de eso”, me decían. “A ver ubiquemos mis competencias y mi autoridad”, les respondía. Fue un momento de mucha tensión, que además obligó a todo el personal de la Comisión a estar pendiente del asunto. Y el tercer gran momento de tensión fue el News Divine, que nos metió en una enorme demanda de capacidad de respuesta y en 18 días pudimos informar lo que pasó. Además, la expectativa se puso en que el gobierno de la ciudad tomaría decisiones en función de lo que nosotros dijéramos. Fue un enorme desafío acercarse a los chavos. Estuvimos con ellos desde el primer momento, pudimos saber todos los testimonios directos de las muchachas que habían sido desvestidas y exhibidas, muchachos que habían sido marcados, golpeados y eso nos dio una ventaja de origen: nos permitió conocer de viva voz y directamente, como nadie, lo que había pasado. Fue muy doloroso.
¿Las atribuciones de la Comisión son suficientes para recomponer esas circunstancias?
Creo que son dos perspectivas: la primera es que para mucha gente quedó claro qué puede hacer la Comisión. También mucha gente la descubrió: “Ah, mira resulta que sí existe”. Pero hay cosas que tienen que ser revisadas. Creo que sería pertinente que las comisiones de derechos humanos tuvieran capacidad de iniciativa legislativa, como la hay en algunos otros países, o tener condición para poder darle más fuerza legal. El imaginario público es que las comisiones sólo hacen recomendaciones. Pero eso es sólo una parte. Yo le pondría mucho más fuerza a las medidas cautelares, a la solicitud de informes. Respecto al modelo de América Latina, México tiene un modelo de los más limitados.
¿Estas propuestas serían aplicables a nivel nacional?
Sería muy conveniente. Esto se encuentra en la obligatoriedad de atender los informes especiales, las recomendaciones generales, el debate de los presupuestos y los derechos humanos, por qué si gastas tanto en elecciones, no tienes para el IMSS y el ISSSTE, no tienes para el cáncer cervicouterino de mujeres y para programas de alimentos, pero sí tienes para gastarte 13 millones de pesos en elecciones. Ese tipo de asuntos podrían dar una intervención que ayudase a que no se violaran los derechos humanos.
¿Qué viabilidad hay de que tu experiencia trascienda en algún otro puesto de derechos humanos?
Yo he apostado, junto con el Consejo, a que este modelo se replique. Hicimos un proyecto con la Unión Europea donde participamos seis comisiones para cambiar los catálogos mediante los cuales se detectan las violaciones, las críticas, las formaciones, los trabajos de educación o, por ejemplo, el servicio profesional que aquí implementamos y que dos comisiones más ya lo empezaron a instrumentar, o el modelo de seguimiento de recomendaciones ya se empezó a implementar en otras comisiones. Hay algunos casos donde el modelo de investigación se está aplicando en otras entidades como Yucatán o Oaxaca. Tengo la ventaja de que soy sociólogo y vengo de la sociedad civil. En el caso del DF, Luis de la Barreda fue el monstruo fundador. Tuvo sus grandes aportes, sus grandes fortalezas. En mi gestión hubo un rediseño estructural de la Comisión, que trabajó con seis ejes y con temas específicos prioritarios: seguridad pública, justicia, no discriminación, y organismos públicos de derechos humanos. Yo sí creo que las condiciones de derechos humanos se tienen que repensar y, además, porque es el sistema más grande del mundo. Por ejemplo, la Comisión Nacional tiene un presupuesto de más de 30 millones de pesos. Y no es que sea ese el debate, si es mucho o poco, es lo que se logra con ese dinero. Yo sí creo que es ahí, donde está el debate de actores de la sociedad civil, de miembros del consejo, para que no se dependa de lo que una persona ha hecho en la Comisión. Es hacer lo posible por institucionalizar las labores, y eso lo aprendí, luego de que dos trabajadoras sexuales me dijeron: “¿Para qué me pide que presente quejas, si su gente no me atiende? (…)Yo fui una vez a la Comisión, pase ahí dos horas y no me atendieron”. Entonces hubo que tomar medidas con la gente de la Comisión. También tuvimos que avanzar toda una perspectiva de género. No solo hombre o mujer, si no de identidad genérica. Que permitiera por ejemplo, que se atendieran quejas a una travesti, en los términos que la travesti pedía. Tuvimos que a aprender.
¿Tienes interés en continuar este trabajo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
Tengo la ventaja de que desde hace muchos años estoy en derechos humanos, mi experiencia personal viene de Cencos (Centro Nacional de Comunicación Social), de cuando tenía 12 años y la policía allanó Cencos en 77 y mis padres y el equipo trasladan sus oficinas a la casa familiar. Esas cosas me marcaron. Con independencia de un puesto público, eso voy a seguir haciendo, en la academia o en la sociedad civil y, si hay condiciones, viendo qué pasa con la convocatoria… El resultado no lo sé, pero creo que es un momento privilegiado para debatir qué son y qué deben ser y hacer los organismos autónomos de derechos humanos. Creo que tenemos mucho que contribuir, y es momento adecuado, porque hay señales de agotamiento del modelo. A diez años de la reforma constitucional una de cada cuatro comisiones de derechos humanos todavía no es autónoma. Hay cosas que no están funcionando.
En Querétaro quisieron fusionar la Comisión de Derechos Humanos con la Comisión Estatal de Acceso a la Información.
Si después de diez años de una reforma constitucional, una de cada cuatro comisiones todavía no es autónoma, es que los fundamentos para lo que se hizo no están funcionando y ahí es donde el organismo nacional puede jugar un liderazgo. En ese particular yo sí tengo mucha experiencia y, claro, la experiencia del DF no es automáticamente trasladable, pero sí hay temas que pueden ser de enorme utilidad. Entonces voy a ver qué pasa con la convocatoria y si hay condiciones, ahí estaré, haciéndome cargo de un proceso muy complejo. Yo he sido elegido tres veces (como consejero de la CDHDF) por la Asamblea (Legislativa de DF): en 99, en 2001, y en 2005. Y las tres por unanimidad. Sé lo que es construir consensos, pero también sé que estos procesos no son un concurso de capacidad, sino de decisiones políticas.
Por último, está el tema de la asignación de publicidad gubernamental, que de alguna manera sí determina la libertad de expresión. ¿Cuál sería tu posición?
En la agenda de los derechos a la información y la libertad de expresión, México tiene una enorme cantidad de pendientes. Los urgentes, como los hechos más brutales de homicidios a periodistas. Además, no sólo se violan los derechos humanos por acción sino por omisión. Cuando no hay justicia, empoderas al delincuente, entonces el mensaje que limita al periodista es real. Este país está viviendo hace años un peligrosísimo espiral que va en ascenso. Las instancias en la PGR y las locales no funcionan. Yo creo que estamos viviendo las peores expresiones inclusive las leyes federales para enfrentar eso. Otro debate tiene que ver con la democratización de los medios. ¿Qué pasa con la Ley Televisa pendiente? ¿Qué pasa con las radios comunitarias, con la actualización de la norma? Nuestra Ley de Imprenta es de cuando Adelita aún vivía. Claro que no sólo tiene señales de agotamiento, sino de absoluta inutilidad pública y eso tiene que ver también con los nuevos fenómenos de la comunicación digital. la evolución tecnológica no está siendo en beneficio del Estado, sino de los particulares, está siendo en beneficio del mercado porque la ausencia de regulación va en detrimento de los derechos de las personas y de lo que es un bien público. En el Congreso de Ginebra hubo dos recomendaciones a México sobre su altísima concentración de medios, poquitas familias concentran más del 90% de los medios, y eso tiene también que ver con la responsabilidad del Estado. Además, los medios públicos en este país van a la baja en los últimos 40 años y hemos perdido espacios cuando podemos hacer proyectos de radio pública tan fuertes y consistentes como la BBC o como la National. Hasta en las catedrales del mercado no llegan a los excesos que hemos llegado en este país, de desmontar los medios públicos. Esas discusiones por supuesto que están pendientes.
Luego está el debate de la regulación de la acción publicitaria del Estado. Hay una cultura patrimonialista de que el presupuesto público es del servidor público. Son miles de millones de pesos. Esencialmente, el ejercicio de ese presupuesto tiene dos grandes componentes que son la discrecionalidad y la opacidad, y se regresa a los viejos vicios del paradigma López Portillo: “no te pago para que me pegues”. Ese tema es de urgente atención porque es una manera muy eficaz de limitar contundentemente la libertad de expresión y eso genera que los proyectos independientes estén en absoluta desventaja, porque hay a veces una peligrosa convivencia. “Tú me das publicidad, yo te genero noticias, yo te entrevisto”. Creo que todavía hay viejas prácticas de ese pasado autoritario y me parece que es obligado en la agenda legislativa entrar a ese tema. Ahí hace falta una ley general que fuera aplicable a todos las entidades, y que ponga límites, que ponga transparencias, porque los presupuestos dedicados a inserciones de publicidad son de lo más opacos.
