El gasto electoral es uno de los temas más polémicos en la opinión pública. El INE planea solicitar 25 mil millones de pesos para la organización de las elecciones de 2018. Un 73 por ciento del total de esos recursos será para el gasto operativo del INE y el resto, para financiar a partidos y candidatos independientes. Siendo considerable, este gasto no es todo: falta incluir el del Tribunal Electoral y el de los órganos electorales locales. A lo anterior debería sumarse el valor de las prerrogativas de radio y televisión a cuenta de los tiempos de Estado. En suma, el gasto electoral es desproporcionadamente elevado y no existe país alguno que invierta tanto en sus comicios.
Por lo general, se piensa que esos recursos representan lo que los partidos cuestan al erario; sin embargo, considerados los números, la mayor parte es para financiar tanto la burocracia electoral como la organización de las elecciones. A cuenta del INE, descansan tareas de Estado de la mayor importancia; por ejemplo, para efectos prácticos, la autoridad electoral hace el registro ciudadano. Se han hecho diversos intentos para que sea el gobierno y no la autoridad electoral la que se responsabilice de tal tarea. La confiabilidad y las buenas cuentas de lo que ha hecho el órgano elect oral han llevado a que sea éste el que realice el registro ciudadano, con un muy elevado costo, por todo lo que implica.
De modo que la democracia cuesta y, en México, cuesta mucho, pero más cuesta el déficit de confianza. El problema es que los partidos y los legisladores dicen que van a reducir el costo electoral y éste cada vez aumenta más. El incremento de 2012 a 2018 sería del orden de 24%. En m de todo esto, se han reducido los tiempos de campaña y también se han unificado las elecciones locales con la federal bajo la tesis de que, con ello se disminuye el gasto, cosa que no se ha cumplido. Lo mismo ocurre con la decisión de haber empleado los tiempos del Estado para publicidad d radio y tv. Los partidos y los órganos electorales se han apropiado de éstos, bajo la tesis de que era el principal rubro de gasto;; sin embargo, el gasto va al alza.
El problema no acaba ahí. El gasto de campaña no oficial o no fiscalizable está presente y va en aumento. Los bajos topes de campaña han provocado un gasto subrepticio con efectos perniciosos en perjuicio del interés público, a pesar del esfuerzo institucional para mejorar la fiscalización del gasto de campaña y de las obligaciones de partidos y candidatos de presentar informes pormenorizados de lo que reciben y gastan. Claro, se reporta en ingreso y gasto lo fiscalizable, lo demás —que no es poco— simplemente es parte de una realidad que se impone por la lógica misma competencia por el poder.
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