Rafael Uzcátegui es el coordinador de la organización venezolana de derechos humanos Provea, una de las más antiguas (nació a finales de los ochenta) y visibles. Aunque su causa es apoyar jurídicamente a sectores vulnerables y documentar y denunciar los abusos de poder, han tenido que incluir entre sus labores lo que se supone que debería hacer la prensa de ese país. Uzcátegui, de paso en Bogotá en un encuentro del centro de estudios DeJusticia que reunió a activistas, habla del reto de enfrentar la censura en Venezuela.
Este año, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de prensa han sido cerrados 49 medios de comunicación. En menos de dos semanas, los canales colombianos Caracol y RCN han sido eliminados de las emisiones televisivas por suscripción de Venezuela y las emisoras 92.9 FM y Mágica 99.1 FM salieron del aire por decisión del Gobierno de ese país. “Las dificultades te obligan a actuar. Hay hegemonía y censura en la prensa local y eso nos ha impulsado a buscar otras formas de informar”, dice Uzcátegui. El activismo digital, a pesar de que no hay buen Internet en Venezuela, ha mostrado a una generación que no se quiere quedar callada. “En abril, cuando empezó el ciclo de protestas, un grupo jóvenes que quería contar lo que estaba pasando, pero le daba miedo hacerlo con su nombre, nos pidió ayuda para difundir los cómics”, cuenta. Desde entonces trabajan en equipo para contar lo que ocurre con imágenes y frases cortas.
El contenido está basado en lo que pasa en el país, en lo que no se cuenta en los canales oficiales. Muchos son adaptaciones de comunicados de prensa de organizaciones como Provea. “Gracias a las redes sociales se ha mantenido constante la difusión de contenidos que los medios locales coartados por el Gobierno no tocan”, asegura el venezolano.
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