En esta fiebre de los partidos por ver cuál devuelve más dinero público, ojalá no escape un detalle al graderío que los aplaude: de todos modos van a seguir funcionando y de todos modos van a hacer campañas presidenciales. ¿Con qué dinero? Ahí está el detalle.
Porque al menos el dinero público puede ser fiscalizado desde que sale de Hacienda y llega al INE, hasta que es utilizado por los partidos. Sin embargo, eso de que funcionarán y harán campañas con dinero de militantes y simpatizantes es un cuento de caminos.
El peligro de ese eslogan de “ni un peso a los partidos” es que, a fin de cuentas, los partidos sustituirán el vacío de ese “peso” por vías difíciles de transparentar, porque los “simpatizantes” serán lo que se quiera llamar “simpatizantes”.
Así que los financiamientos en efectivo, tipo Eva Cadena con Morena (durante la pasada campaña para alcaldes en Veracruz), serán un ejemplo apenas liliputiense. El dinero en efectivo proveniente de las más diversas fuentes podría rebasar cualquier medida de contención.
Ya existe un boquete para la entrada de dinero sucio a las campañas, por supuesto que sí, pero si continúa este arrebato partidista tendrá más posibilidades de ensancharse para beneficio del crimen organizado, o de empresarios que luego exigirán su derecho de pernada.
Sin embargo, el Estado mexicano cuenta con mecanismos de transparencia y control financiero suficientes para impedir la filtración de dinero mal habido en las campañas, a lo cual se une la lupa ciudadana, que es cada día más grande y con más dioptrías, a través de las redes sociales, y hasta la viva voz.
Y van desde la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda hasta la Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización del INE, pasando por la Auditoría Superior de la Federación o el INAI. Además de los controles de la sociedad civil, como Transparencia Mexicana, Imco, el ámbito académico…
Es de esperar que, de la mano, Estado y sociedad civil posean la capacidad necesaria para supervisar la devolución de los mil millones de pesos que se calcula regresarían a Hacienda, para ser dedicados a la reconstrucción, si los nueve partidos renuncian al financiamiento otorgado por el INE para 2017.
Hasta hoy, sólo PRI y Morena han comprometido algo de sus recursos: el PRI ya reintegró a Hacienda 258 millones de pesos de sus recursos de 2017; mientras Morena ofreció 103 millones, pero de los 200 millones que recibirá para la campaña presidencial, que le llegará sólo hasta el mes de mayo próximo.
Pero los recursos son necesarios para hoy mismo, y serían mil millones de pesos. Y el proceso para devolverlos es fácil.
Sólo deben renunciar a ellos ante el INE.
Este artículo fue publicado en La Razón el 26 de septiembre de 2017, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página.
