La radio mexicana vive otro de sus capítulos más polémicos. En los últimos meses varios de los conductores más afamados han protagonizado salidas intempestivas del cuadrante o sus comentarios los han puesto a nada de dejar un micrófono por años trabajado. Carmen Aristegui, Nicolás Alvarado, Marcelino Perelló, Sergio Zurita, Antonio Zambrano y Leonardo Curzio, como caso más reciente, son nombres que han hecho eco en las audiencias por su ausencia. Independientemente de sus historias, comentarios al aire o ideologías, el caso es que ya no se escuchan en la FM de la Ciudad de México.
Todos, salvo Zurita, fueron expulsados u obligados a renunciar de MVS Comunicaciones, Radio UNAM, Radio Fórmula o del grupo NRM Comunicaciones, por supuestos incumplimientos de contrato o por una baja penetración de rating entre los públicos, aunque para conocedores de la industria ellos han tenido que irse por ser unos incómodos para el poder político, pero que los concesionarios no se cansan de desmentir tales afirmaciones muchas de ellas lanzadas en columnas mediáticas.
El enrarecido ambiente que se crea alrededor de todas esas salidas también son una clara muestra de que los concesionarios de la industria de la radiodifusión se conducen con escasa transparencia; que obedecen a códigos no escritos pero sí de costumbre y forjados desde el otorgamiento discrecional de concesiones radioeléctricas a mitad del siglo pasado.
Pero también es resultado de que la autoridad, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no ha ejercido todo su poder regulatorio para exigir mayor transparencia a los industriales de ese giro cuando se trata de acciones de negocio que impactan a las audiencias. Ahora mismo, el IFT espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le aclare en definitiva si está o no en su órbita el también regular sobre contenidos en radiodifusión, un tema que lo tiene enfrentado con los empresarios del radio y la televisión desde mediados del 2015.
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