“¡Abran, abran, que llegaron los chavistas! ¡Llegó el coco!”. En Venezuela, el “coco”, popular monstruo de las canciones de cuna, es la policía o los grupos paramilitares del chavismo. Así lo detalla Amnistía Internacional en su último informe, ‘Noches del terror: ataques y allanamientos ilegales a viviendas’, en el que recoge las tácticas represivas usadas contra la población durante las protestas y los testimonios de los agredidos, como el que abre esta crónica.
Uno de los capítulos más macabros de la estrategia gubernamental se desplegó contra urbanizaciones y edificios cercanos a focos de las protestas. O más exactamente cuando acababan las manifestaciones y los que protestaban se refugiaban en sus hogares. Entre abril y julio la represión contra la rebelión popular provocó 125 muertes, miles de heridos y un sinfín de detenciones que todavía mantienen en las mazmorras a casi 400 presos políticos.
El aquelarre llegaba en la noche, con agentes y paramilitares protegidos con tanquetas y vehículos blindados, bajo una tormenta de gases lacrimógenos, que accedían a los edificios con fuerza bruta, disparando perdigones, derribando vallas y rompiendo puertas. La excusa oficial era que desde allá se les había atacado. Terror y destrozos sin límites en represalia y con toda la impunidad.
El asedio y toma de urbanizaciones, como Los Verdes, en Caracas, indignaron al país y sus imágenes dieron la vuelta al mundo. Golpes, insultos y amenazas, incluso el destrozo calculado de las instalaciones de los edificios, incluidos los ascensores. En Venezuela hoy no se encuentran repuestos y si aparecen, los precios son descabellados.
Ahora AI ha profundizado en 47 operaciones en 11 estados del país. “En Venezuela no hay un lugar que esté a salvo del retorcido poder de las fuerzas de seguridad. Ni siquiera el propio hogar”, asegura Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
“Las autoridades venezolanas han descubierto una forma nueva e inquietante de reprimir la disidencia en su afán, aparentemente interminable, de infundir miedo a la población. Han trasladado la represión de las calles a las salas de estar de casas particulares”, añade la activista.
Detenciones ilegales
A lo largo de los cuatro meses de rebelión popular, el gobierno exprimió el manual de la represión, algo que desde dentro solo denunció Luisa Ortega, en aquel momento fiscal general de la República, hoy exiliada en Colombia. “Debemos superar esta lógica de ejército de ocupación”, denunció la jefa del Ministerio Público tras reunirse con los vecinos de Los Verdes. Ortega ordenó abrir una investigación por violaciones a los derechos humanos y otros delitos, de la que nada se sabe actualmente.
La fiscal rebelde también denunció cómo los operativos acababan con grupos de jóvenes detenidos de forma arbitraria, que pasaban a engrosar las filas de presos políticos. El patrón de actuación descubierto por AI incluía la búsqueda de hombres jóvenes de entre 15 y 25 años, presuntos “guarimberos” o “protestantes” y su detención sin orden judicial y sin pillarlos en flagrancia.
La organización de derechos humanos ya había especificado en informes anteriores que este tipo de detenciones sin orden judicial se “realizan con el fin de perseguir a la disidencia y acallar las voces críticas a las políticas gubernamentales”. Una buena parte de estos jóvenes pasaban directamente a la jurisdicción militar, lo que prohíbe la Constitución.
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