El fin de semana pasado los órganos de dirección del PAN, el PRD y el MC decidieron formalmente, por una amplia mayoría en cada caso, ir a una coalición para la elección presidencial del 2018 en el ya conocido Frente Ciudadano por México.
En el proceso de consolidación de esta alianza se han dado cuatro pasos: acreditación ante el INE, construcción y aprobación de la Plataforma Electoral, acreditación de ésta ante el INE y el acuerdo formal de coalición que todavía no se registra. Falta el mecanismo para elegir al candidato a la Presidencia y a los otros puestos de elección popular en las elecciones donde estos partidos van juntos.
Después de haber sorteado diversas dificultades y en contra de algunos pronósticos, pienso que los dirigentes del Frente Ciudadano se van a poner de acuerdo para elegir al candidato a la Presidencia de la República y a otros de los 3,447 puestos de elección popular en juego. Es posible que alguna o algunas personas en lo individual renuncien a estos partidos, pero no habrá quiebre de la coalición.
Me parece interesante, valioso y atractivo que posiciones de derecha e izquierda se pongan de acuerdo en una Plataforma Electoral y en unas candidaturas conjuntas. La construcción de la coalición obliga a dialogar y a negociar de manera intensa. La política en democracia es precisamente diálogo y negociación.
Una vez que se ha acordado la plataforma electoral y de gobierno, que es lo fundamental, viene la discusión sobre quiénes pueden hacer realidad ese proyecto. En esa elección deben estar presentes cuatro criterios básicos: que el candidato sea y parezca honrado; que realmente, no sólo de palabra, sea un demócrata; que tenga capacidad técnica y profesional, y que su trayectoria respalde, de manera coherente, la apuesta simbólica del relato que el Frente necesita, para ganar.
La crisis de la vida política e institucional y los niveles de corrupción, impunidad y frivolidad en el ejercicio del poder en este sexenio, han llegado a extremos no vistos. El desprestigio de la política y de los políticos están en su nivel más bajo en los últimos 50 años. En la campaña por la Presidencia, estos son elementos que van a estar presentes. Los otros, como el empleo y la seguridad, de suyo importantes, van quedar en segundo plano.
El gobierno que asuma la Presidencia en el 2018 debe hacerse cargo de esta realidad y establecer políticas públicas que le hagan frente. La economía del país funciona más o menos bien y ahora ese no es el problema, aunque queda mucho por hacer en el campo de la reducción de la pobreza y distribución del ingreso. El problema es la política, la debilidad de las instituciones y la corrupción de muchos de los hombres y mujeres que ejercen el poder. Eso debe cambiar. No hay magia. Exige de un proceso que debe de iniciar en diciembre del 2018.
Este artículo fue publicado en El Economista el 22 de noviembre de 2017, agradecemos a Rubén Aguilar Valenzuela su autorización para publicarlo en nuestra página.
