El portón de la Dirección Federal de Seguridad tuvo que ser ampliado para que cupieran los camiones cargados de contrabando. Era el negocio de los comandantes.
A lo largo de los años 70 y 80, se establecieron incentivos perversos que corrompieron a las organizaciones policiales.
A cambio del control de los mercados ilegales, se estableció una complicidad entre autoridades y criminales que fue minando la capacidad de hacer frente a dinámicas y fenómenos que irían impactando la vida pública y, entre ellas, el tráfico de drogas.
Sumado a ello, el combate a las guerrillas, muchas veces en franca ilegalidad, significó dar una patente de corzo a los grupos encargados de enfrentar el problema.
La irrupción de los grandes cárteles de las drogas y en particular los de Tijuana, Juárez y Sinaloa, significó la implantación de esquemas de protección policial a estas organizaciones.
No habría sido posible la expansión del negocio sin la ayuda de malos servidores públicos y sin el sacrificio de quienes sí cumplían con su deber.
Todo esto se agravó con la llegada de Los Zetas. Estos desertores del Ejército primero fungieron como guardianes del líder del Cártel del Golfo, pero pronto trasladaron sus acciones a la extorsión por medio del secuestro y las amenazas.
Los momentos de mayor influencia de estos bandidos significaron algunos de los episodios más siniestros de nuestra historia reciente.
Y ocurrió así, porque las bandas delictivas encontraron a instituciones débiles y con policías, sobre todo a nivel municipal, inoperantes.
Lo más grave es que la sociedad quedó en vilo, sin ayuda, lo que con el tiempo generó un fenómeno igual de riesgoso: las autodefensas.
Los esfuerzos para revertir esta lógica han sido intensos y por eso contamos, en la actualidad, con mejores corporaciones policiales, aunque falte mucho por hacer.
Ésa es la ruta y no la de pactar con quienes amenazan y asesinan.
La idea de establecer acuerdos con los grandes capos de las drogas no es nueva y se exploró en Colombia con muy malos resultados, los que inclusive activaron esquemas de terror.
Además, este tipo de pactos son operativamente imposibles y más en escenarios en los que impera la dispersión de organizaciones dedicadas al crimen. En los hechos no hay ni con quien hablar, porque la dinámica en la que están metidos, y sus niveles de violencia, no lo permiten.
Bastaría leer algunos expedientes, preguntar a las víctimas, para conocer la hechura de estos delincuentes y las atrocidades de las que son capaces. Tienen que ir a prisión y ahí quedarse por lo que han hecho, por el daño que causan.
Lo que la sociedad debe exigir es contar con policías bien preparadas y a su servicio.
Este artículo fue publicado en La Razón el 4 de diciembre de 2017, agradecemos a Julián Andrade su autorización para publicarlo en nuestra página.
