¿Podría servirle a la gente que Anaya y el Frente triunfaran en los comicios de julio y, como resultado de ello, lograran la mayoría del Congreso y la Presidencia de la República?
Cualquier respuesta que ahora aventuremos tendría que ser relativizada, pues cada una de ellas dependerá de lo que hagan tanto los partidos coaligados como el propio Ricardo Anaya. La coalición podría servir de mucho para lograr, en un futuro mediato, que los mexicanos viviéramos con dignidad y bienestar. En sentido diferente, no tendría utilidad alguna si tan sólo repitieran, reprodujeran lo que han hecho antes otros candidatos, otros partidos y gobernantes.
Anaya —veámoslo desde esta perspectiva— podría ser otro Vicente Fox; es decir, un panista que desplazó al PRI del poder de la Presidencia, aunque ello no implicara transformaciones de fondo. En el sexenio de Fox se fingieron los cambios, se barnizó, pero en lo sustantivo se preservó el modelo económico y se continuó gobernando bajo la hegemonía del régimen priista.
Anaya podría ser otro Felipe Calderón, que, desde el gobierno, sólo reforzó los mecanismos corporativos de control político característicos del priismo, y que, irresponsablemente, involucró al país en una absurda guerra que ha generado el crecimiento de la violencia.
Anaya podría ser otro Peña Nieto, es decir, un Presidente que fue suficientemente pragmático para alentar y conseguir grandes reformas estratégicas para el país, pero que también, en inaudita contradicción, fue capaz de anularlas al disolverlas en el crisol de la corrupción.
O Anaya podría ser otro López Obrador, para predicar la “tierra donde fluyen la leche y la miel” y que, al mismo tiempo, concilie con los personajes más representativos de la corrupción sistémica y del anacrónico régimen priista.
Sí, Anaya podría ser una reiteración de Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador y, ciertamente, eso sería trágico para el país.
O podría, en sentido radical y sustantivamente diferente, convertirse en el hombre de Estado que pueda enfrentar las presiones de los poderosos grupos económicos, las ambiciones egoístas de algunos de sus compañeros de la política y, desde luego, resistir las zalameras adulaciones de los cercanos.
Eso significaría, en los hechos, que Anaya se decida a enarbolar un programa de gobierno que, obligadamente, contemple la realización de las profundas reformas que en el ámbito del ejercicio del poder público requiere el país.
Anaya debe proponerles a los electores que con una mayoría congresual, resultado de un gobierno de coalición, se cambiará al régimen político, para que, por fin, el país pueda desprenderse de esa enorme lápida que nos asfixia y que es la causa principal de los grandes problemas que padecemos los mexicanos.
El fin del régimen político priista es la piedra angular del programa de gobierno para la transformación a fondo de la sociedad mexicana.
Un nuevo régimen político y un gobierno de coalición crearán las condiciones para terminar con la corrupción. No se tratará de milagros, sino de acciones gubernamentales tangibles que podrán superar los cotos de poder político y económico, mismos que, por décadas, han propiciado la perversión de la justicia y la impunidad ante la violación a la ley.
Con un nuevo régimen político se podrá garantizar un modelo de desarrollo y crecimiento de la economía que garantice estabilidad política y que logre la superación de la desigualdad y la pobreza que padece la gran mayoría de los mexicanos.
¿Seguir la inercia del sistema o cambiar el régimen político? He ahí el dilema del Frente.
Este artículo fue publicado en El Excélsior el 16 de enero de 2018, agradecemos a Jesús Ortega Martínez su autorización para publicarlo en nuestra página.
