El ejercicio del gobierno no se puede basar sólo en la buena voluntad de los funcionarios. Se realiza con base en leyes y reglas que se hacen valer. Quien las rompe debe ser sujeto del castigo correspondiente. Si lo que priva es la impunidad, el aparato legal deja de tener relevancia. En ese caso todos terminan por saber que violar la ley no implica ningún riesgo.
Lo anterior es cierto, pero no es lo único y pienso que tampoco lo más importante. Los hombres y las mujeres que ejercen el poder público deben hacerlo conforme a una ética personal sólida. Sin esa ética las posibilidades de violentar la ley, más cuando impera la impunidad, están a la orden del día. Quien no da prueba de una vida regida por la ética no debería acceder a ningún cargo público. Así, la ética probada sería condición para acceder a ellos.
En una realidad como la mexicana una cantidad relevante de funcionarios de alto nivel, que accedieron a su responsabilidad por la vía del voto, no orienta su accionar por la ética o la que tienen está deformada. En ella se acepta la corrupción y la violación de la ley como algo normal. Si se llegó adonde se está es para enriquecerse y nada más.
La posibilidad de la corrupción se ve no sólo como elemento inherente al cargo que ejercen, sino también como algo legítimo. Los que no se corrompen son personas disfuncionales al sistema. El honrado se vuelve un peligro. Va en contra de su manera de entender el mundo y el servicio público.
La ética y los valores que ésta sostiene no son algo natural a las personas sino objeto del aprendizaje. Alguien la debe de enseñar. En esta tarea la familia y las iglesias son fundamentales. Lo es también el sistema educativo de un país laico. Las escuelas de todos los niveles del sistema escolar público y privado debería de incorporar al currículum escolar la enseñanza de la ética y los valores que de ésta se derivan.
Uno de los más grandes problemas de la vida pública en México son los muy graves niveles de corrupción en toda la estructura del servicio público que se acentúa en los altos mandos. Una buena parte del sector privado también forma parte de esta realidad.
Ahora la demanda más sentida de la sociedad mexicana es poner fin a la corrupción y la impunidad. El hartazgo social, que día a día crece, tiene su origen en esta perversa realidad de la vida pública en el país. Es el tema central de la próxima elección.
Este artículo fue publicado en El Economista el 28 de enero de 2018, agradecemos a Rubén Aguilar Valenzuela su autorización para publicarlo en nuestra página.
