A pocas horas del anuncio hecho por la Corte Penal Internacional, en el sentido de que hará un “examen preliminar” de los crímenes presuntamente cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el chavismo manifestó su rechazo categórico a dicho propósito y aseguró que la CPI está incurriendo en “abuso de poder”.
En comunicado de prensa divulgado en el sitio web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, el régimen venezolano señaló “que rechaza de manera firme y categórica la apertura de un Examen Preliminar de la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, en razón de los hechos ocurridos en el mes de abril de 2017 en Venezuela, según se desprende de comunicado de prensa publicado el día de hoy 08 de febrero de 2018”.
Y agrega que “la República Bolivariana de Venezuela desea llamar la atención a la comunidad internacional sobre lo que a decir de algunos juristas internacionales es un claro caso de abuso de poder por parte de la oficina fiscal. Estamos hablando de la figura del ‘Examen Preliminar’, inexistente en el Estatuto de Roma como fase o etapa investigativa o procesal. Se trata de ‘un proceso al estilo de la inquisición’, implantado por la Fiscalía como práctica mediática, infamante y extorsiva a perpetuidad hacia los Estados”.
Horas antes, la Corte Penal Internacional anunció la apertura de una investigación de los hechos de violencia ocurridos entre marzo y julio del año pasado en Venezuela. De acuerdo con Fatou Bensouda, la fiscal de la CPI, “se ha revisado de forma cuidadosa, independiente e imparcial, las comunicaciones e informes recibidos que documentan presuntos crímenes que pudieran ser de nuestra competencia”. Se analizarán, dijo, “tanto los crímenes supuestamente cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro, como por la oposición” y se investigará la “fuerza excesiva de la policía para dispersar y reprimir manifestaciones y graves abusos a detenidos”.
Bensouda—que anunció su decisión por medio de un comunicado y un video—declaró que “el examen preliminar sobre la situación en Venezuela analizará crímenes presuntamente cometidos en este Estado al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa. En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También se ha informado de que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”.
El comunicado del gobierno venezolano señala que “durante los meses de abril a julio del año 2017, el pueblo venezolano fue víctima de alteraciones del orden público organizadas, convocadas y financiadas por sectores de la oposición venezolana extremistas y antidemocráticas, con la finalidad de derrocar el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro Moros”.
El oficialismo afirmó “que está en la disposición de suministrar a la Corte información relevante a efecto de comprobar que no hay cabida a la jurisdicción de este organismo internacional, de conformidad con la Constitución y las leyes de nuestro país y de la legislación internacional”.
“Venezuela resalta que la Corte Penal Internacional y sus órganos, incluida la Fiscalía, según establece claramente el Estatuto de Roma en su preámbulo y artículo primero -tienen carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales- esto significa que la Corte Penal Internacional solo podrá conocer aquellos casos en que un Estado se niegue a investigar o judicializar una situación de las que son competencia de la Corte, lo cual no es el caso venezolano”.
Respecto a la decisión del tribunal de la CPI, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que “esta medida es bienvenida por todos aquellos que aspiran al fin de la impunidad y al logro de la justicia”. Por su parte, el director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que que “el poder judicial (venezolano) ha garantizado la impunidad, pero las decisiones del TPI podrían lograr que las víctimas venezolanas sean oídas por un tribunal independiente”.
OFV
