Ser policía es una actividad ruda, sujeta a múltiples riesgos y a poco reconocimiento social. Les llueve plomo y problemas, en un círculo vicioso del que rara vez salen bien librados.
Pero los policías muchas veces mueren en cumplimiento de su deber.
Tan sólo en 2017 fueron asesinados 530 agentes policiacos y de todos los niveles: municipales, estatales y federales. Es la cifra más alta, rebasando los 517 casos de 2011, el año más violento del sexenio anterior.
Las historias son diversas, pero tienen un triste parecido: ya no inquietan o no lo hacen como deberían.
En general no son reconocidos e inclusive, son discriminados en el marco de las leyes, ya que no cuentan con toda la protección constitucional. Para ellos no hay estabilidad en el empleo, ni tienen forma de defender sus derechos.
Esto no puede continuar así, porque la policía es esencial para garantizar la seguridad, la gobernabilidad democrática y, sobre todo, porque no es justo que no volteemos a ver sus necesidades, y sobre todo en el contexto anímico en el que tienen que desenvolverse.
Cualquier estrategia eficiente de seguridad pasa por la construcción de policía, y eso es justo lo que no ha ocurrido. Un rasgo de esta situación son los sueldos, que en promedio llegan a unos 10 mil pesos mensuales; pero hay lugares donde los pagos son de 2 mil pesos cada 31 días, como en Cuautitlán, Jalisco.
Una idea que no ha prosperado es la de establecer un salario mínimo policial a nivel nacional y dotarlos de prestaciones como seguro de gastos médicos y de vida; además de becas para sus hijos y apoyos para los familiares de quienes fallecen en el cumplimiento del deber.
A principios de febrero, dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal fueron secuestrados en Nayarit. Sus captores filmaron un video en el que aparecen Octavio Martínez y Alfonso Hernández con playeras que tenían estampadas las siglas de la subprocuraduría encargada de combatir al crimen organizado, la SEIDO.
Esta semana se encontraron sus cadáveres en la cajuela de un automóvil abandonado en el municipio nayarita de Xalisco.
Es un caso triste, dramático, porque da cuenta no sólo de la fuerza de los bandidos, sino de su intención de amedrentar a otros policías y a la propia sociedad.
Será muy importante que la PGR dé con los responsables de estos hechos y los meta a prisión para que paguen por lo que hicieron; y para dejar claro que hay consecuencias por éstas y otras barbaridades.
El problema, como siempre, es el de la impunidad, que se suma a los altos índices de homicidios dolosos que se padecen en el país. Pero aceptar que los agentes policiales se juegan la vida todos los días puede ser el inicio para cambiar la situación que ahora padecen.
Este artículo fue publicado en La Razón el 21 de febrero de 2018, agradecemos a Julián Andrade su autorización para publicarlo en nuestra página.
