Uno de los mayores problemas que presenta un gobierno, en lo general, es la sucesión. En la medida de lo posible, los gobernantes siempre buscan influir en quien habrá de ejercer el poder después de ellos. Esto es natural al poder mismo y no tendría nada de malo, siempre y cuando se utilicen los cauces legales y no se atente contra el proceso democrático.
En México, durante décadas, el tema de la sucesión fue una cuestión interna, donde influían las fuerzas vivas del partido de Estado, el PRI, y al final el mayor peso en la toma de la decisión correspondía al Presidente de la República.
Conforme fuimos avanzando en nuestra incipiente democracia, el proceso ya se volvió reñido. A partir del 2000, cuando vino la transición democrática, el presidente ya no definía con claridad a su sucesor. Primero el PRI se vio rebasado y entendió que perdería la elección. Además tuvo que abrir en aquel año un “proceso interno” para definir al candidato a la Presidencia de la República, el cuál fue derrotado por Vicente Fox Quesada.
En 2006, Fox no logra tomar las riendas de la sucesión interna del PAN, en donde se impone Felipe Calderón al favorito del presidente, Santiago Creel. Sin embargo, Fox sí se empeña (y empeña a ello las instituciones de la República) en que su partido mantenga el poder político y, sobre todo, en frenar al adversario más competitivo dentro de los otros partidos de la contienda electoral. Con el uso vulgar de las Instituciones y un daño tremendo a nuestra democracia, Fox pone todo su empeño en frenar a Andrés Manuel López Obrador, al que logran derrotar en una contienda sumamente cerrada y llena de dudas.
En 2012. Calderón tampoco logra controlar la sucesión interna, en gran parte impactado por la muerte de su favorito, Juan Camilo Mouriño, pero si logra pactar una transición con el candidato mejor posicionado, Enrique Peña Nieto para definir a quien entregaría el poder político, mismo que no podía preservar en su partido tras el desastre de su administración, principalmente por la violencia generada por la guerra sin estrategia en contra del narcotráfico.
Así, tenemos que en los últimos procesos electorales, cuando el Presidente de la República se ha visto imposibilitado a definir a su sucesor, ha buscado al menos influir en quién considera que no debe ganar el poder. Con ello han logrado también pactar condiciones para la transición política y el intercambio del poder.
En la actualidad vemos un escenario sin duda similar que hace presuponer un acuerdo entre partidos políticos para la entrega del poder sin sobresaltos, sólo que, por primera vez, este acuerdo en lugar de perjudicar beneficiaría al candidato de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, quien al parecer cuenta con el beneplácito de los poderes fácticos para buscar la Presidencia de México.
Al parecer las condiciones para este pacto se comenzaron a generar con la incorporación al equipo inmediato de toma de decisiones de Andrés Manuel, por parte de figuras vinculadas a quienes han dirigido políticamente al país en los últimos tiempos.
Particularmente se incorporan a su equipo Alfonso Romo figura de la mayor cercanía con Carlos Salinas de Gortari, que además ayudaba a tender puentes con el empresariado regiomontano y Esteban Moctezuma, quien garantizaba la cercanía con el equipo más allegado a Ernesto Zedillo y con otro de los poderes fácticos del país, el representado por Ricardo Salinas Pliego.
Posteriormente incorporó a Miguel Torruco, consuegro de Carlos Slim, el empresario más rico de México y uno de los más importantes del mundo y también de Marcos Fastlicht, suegro de Emilio Azcárraga Jean, dueño de Televisa.
Así, teniendo en su equipo político a dos personeros cercanos a Salinas y Zedillo, fuertemente confrontados entre sí, y al mismo tiempo a gente que representa los intereses de Azcárraga, Salinas Pliego y Carlos Slim, Andrés Manuel comenzó a dar señales de cercanía hacia todo lo que él había definido previamente como la mafia en el poder, o las veinte familias que, según él controlan nuestro país, familias a las que ahora busca tener de su lado.
Con esas primeras señales vinieron, posteriormente, durante un evento empresarial en Acapulco, el discurso de AMLO donde habló de amnistía anticipada a políticos que antes calificaba de corruptos. Este nuevo guiño fue, de inmediato, recibido por la clase política gobernante quienes enfrentan serias acusaciones de corrupción durante el sexenio de Peña Nieto y que, seguramente, temen en caso de perder el poder tener que enfrentar el peso de la justicia.
La amnistía después se extendió también, al menos en el discurso hasta ahora, a narcotraficantes y grupos criminales.
Como más pruebas de cercanía, AMLO ha venido modificando radicalmente su discurso, ya sea a través de sus propias intervenciones o las de sus principales voceros. Por ejemplo, tanto Alfonso Romo como Esteban Moctezuma ya hablan públicamente de que no se buscará echar abajo la reforma educativa y el primero, quien es el principal asesor en temas económicos de Andrés Manuel habla también de que se mantendrá la reforma energética y el proyecto de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Es importante tener claro que Andrés ha hablado de cancelar estos tres proyectos, lo que había desatado incertidumbre importante entre actores económicos relevantes. Con las declaraciones de Romo y Moctezuma se busca dar certeza en estos temas a los nuevos aliados.
Incluso, en alguna conferencia, cuando un reportero inquirió a AMLO sobre la amistad de Alfonso Romo y Carlos Salinas de Gortari, su otrora némesis, Andrés se limitó a decir, “los amigos de mis amigos son mis amigos”. También hace unos días declaró al Universal que “él no enjuiciaría a Peña Nieto en caso de llegar al poder.
Como parte de esta operación de certidumbre AMLO ha sumado en candidaturas y espacios clave a personajes cercanos al priísmo e incluso al calderonismo en días recientes.
Además, MORENA ha renunciado a poner candidatos competitivos en todas las elecciones anteriores a 2018, dejando prácticamente condiciones favorables para la continuidad de gobernantes priístas severamente cuestionados.
Mientras esto ocurría, los candidatos que han ganado por parte de coaliciones electorales amplias en todo el país, han logrado iniciar procesos penales por enormes saqueos a las arcas públicas por parte de sus antecesores, esa llamada “generación dorada” del PRI que se dedicó a llegar al poder para saquear a México.
Curiosamente, cuando Javier Corral logró desenmarañar parte de la operación financiera que realizó César Duarte para financiar campañas priístas con recursos públicos, MORENA salió al ataque de Corral y a la defensa de Duarte. Recordar también que en su momento el propio AMLO dijo que el otro Duarte, Javier, de Veracruz, era víctima de una campaña de desprestigio. Más aún, cuando la investigación de Corral parecía tocar a figuras paradigmáticas del priísmo como Manlio Fabio Beltrones, primero Ricardo Monreal, luego Olga Sánchez Cordero (quien es propuesta de AMLO para Secretaria de Gobernación y está en las listas al Senado de MORENA) y finalmente Yeidckol Polevnsky (Presidenta Nacional de MORENA) salieron a defender a Beltrones.
Así, todo parece indicar que, mediante un pacto de impunidad, Andrés Manuel logró el beneplácito de los poderes fácticos para aspirar a ser el próximo gobernante de este país. Sin embargo, de nuevo, como en 2005, comienzan a pasar por encima de las instituciones e incluso a usarlas para operar electoralmente, con lo que se pone nuevamente en riesgo nuestra incipiente democracia.
No deja de ser paradigmático que AMLO, antes víctima de una operación de Estado similar, hoy busque ser beneficiario de la misma sin el menor pudor y recato. Los ataques desde la PGR a Ricardo Anaya rebasan toda lógica jurídica y rayan en lo vulgar.
Curiosamente los Senadores de MORENA piden la sustitución de Ricardo Anaya por un caso en dónde él no es acusado de nada, mientras guardan un ominoso silencio sobre la posible participación de desvíos de miles de millones de pesos por parte del PRI y en los que pudiera estar directamente involucrado su candidato, José Antonio Meade.
Parece que Peña Nieto, al estar claro en que no podrá mantener el poder, busca definir a quien se lo entrega, aún a costa del proceso democrático y la legalidad del mismo. En este sentido, las señales de Andrés Manuel han sido bien recibidas por los hombres de poder quienes a la par tienen preocupación por el compromiso manifiesto de la coalición Por México al Frente para superar el pacto de impunidad que tanto ha dañado a México.
En esa dimensión, buscan cargar los dados contra Anaya y a favor del candidato de MORENA. La pregunta es si la gente está dispuesta a permitir que estás decisiones se operen violentando la ley y la normalidad democrática, garantizando impunidad además a quienes tanto daño han hecho en los últimos años a México o sí estamos dispuestos a enfrentar esta búsqueda de transición pactada desde las cúpulas. A hacerles frente.
