En México tenemos una historia de caudillos, donde algunos hombres han sido definidos como los salvadores o villanos de la patria y actúan en concordancia. Por otro lado, la élite gobernante se considera al margen de la ley, por encima de ella, y también eso marca los conductos a través de los cuales realiza su actividad política.
Superada la fase colonial, en donde clara y definidamente teníamos un virreinato como muestra de poder unipersonal y absoluto, llegamos a un primer siglo de caudillos en donde unas cuantas figuras concentraron el poder político y tejieron en torno a él el poder económico de nuestra nación. Estas figuras buscaban perpetuarse en el poder como parte de su visión de un México que sólo se concebía con y a partir de ellos.
Tres particularmente se destacaron por su permanencia en el poder público así como los aportes, positivos y negativos, que sus respectivos gobiernos dejaron a México, Antonio López de Santa Anna, Benito Juárez García y Porfirio Díaz. Entre ellos, concentraron la presidencia de la República cincuenta años de los noventa comprendidos entre 1821 y 1911. Es importante precisar que en el caso del primero, si bien por los múltiples intervalos de su gestión gobernó solo seis años y tuvo una influencia política de varias décadas, y el segundo gobernó catorce años, aunque no todos en plenitud por la invasión francesa. Pero para efectos prácticos, estos tres hombres concentraron el poder en México más de cinco décadas de las primeras nueve de vida independiente.
Precisamente esa propensión por no abandonar el poder fue una de las causas políticas que dieron origen a la Revolución Mexicana. Después de su victoria, vino un breve período de disputa de caudillos hasta que Álvaro Obregón pretende abiertamente reelegirse y es asesinado. Ante esto Plutarco Elías Calles establece el Maximato, un período de tres gobiernos en los que él ocupó la presidencia en una sola ocasión pero que ejerció el poder a través de testaferros que controlaba políticamente.
A partir de allí, se dio al parecer un consenso en la clase política de la importancia de poner límites al poder personal que, en un país caudillista, acompañaba a la figura presidencial.
En lugar de que estos controles fueran institucionales, políticos, jurídicos y económicos, se prefirió optar por controles temporales, precisamente por el temor a la búsqueda de la perpetuidad de quienes ocuparan la presidencia. Así, llegamos al segundo siglo de vida independiente con presidencias omnipotentes pero limitadas en el tiempo por periodos sexenales, donde el primer acto fundacional era la designación del sucesor político, pues marcaba la cúspide del poder del presidente, al ser capaz de definir a quien heredaría la investidura con todos sus alcances. A la par era el inicio de la decadencia del poder de dicho presidente y la veloz acumulación de poder por parte de su sucesor. Este modelo fue definido por Daniel Cosío Villegas como “”una monarquía absoluta, sexenal y hereditaria por línea transversal”.
Precisamente el inicio del fin de este modelo, tal y como lo conocíamos, se da cuando un presidente, Carlos Salinas de Gortari, comienza a plantear en círculos íntimos primero la posibilidad de su relección y, en su defecto, un Maximato en donde él ocupara el poder absoluto. Estableció un proyecto de gobierno de veinticuatro años, cuatro sexenios, controlado por su equipo y donde el suyo habría sido el primero.
Mucho se habla de que allí comienza una ruptura en la élite gobernante que marcaría muchos de los trágicos sucesos de 1994, mismos que llevaron a la caída del Salinato y, seis años después, a la transición democrática donde, por primera vez en décadas, el presidente no había sido capaz de elegir a su sucesor y un partido político distinto al del gobierno triunfaba en las urnas.
Hoy, por primera vez desde que Salinas dejara ir rumores en su entorno más íntimo, uno de los personajes más importantes de la élite política mexicana habla de la reelección, Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó, tras participar en “The Real Estate Show 2018” en el Centro Banamex que, de ganar la presidencia en 2018, no buscará la reelección.
Pero aquí de entrada hay algo extraño. Dice uno de los sabios dichos mexicanos: “explicación no pedida, culpa aceptada”. ¿Por qué debiera aclarar un candidato a la presidencia de México que, en caso de ganar, no buscará la reelección? Esta pregunta sobre todo toma relevancia cuando, por un lado, la no reelección en un precepto sumamente importante y consensual en medio de la democracia mexicana, tan maltratada por la búsqueda de perpetuarse en el poder por parte de algunas figuras políticas y, por otro lado, la Constitución lo prohíbe explícitamente.
¿Por qué anunciar que no se hará lo que en teoría no se puede hacer?, ¿recuerda el lector algún otro candidato en la etapa moderna de México haciendo esta promesa? Yo no, y no la hacían porque era innecesaria, era una verdad de Perogrullo.
Curiosamente, la última figura que dijo que no quería reelegirse fue Carlos Salinas, quien por otro lado, trató de operar como ya consta en los registros históricos, la posibilidad de que esta reelección se concretara.
Pero más aún, en América Latina, muchos de los presidentes llegados al poder democráticamente, desde las izquierdas, han declarado que no querían la reelección mientras operadores suyos impulsaban leyes que se los permitieran, para después reelegirse de manera casi indefinida, “no porque lo quisieran” sino “porque la nación se los demandó”.
No es exagerado pensar que la estrategia de Andrés Manuel vaya en ese sentido. Anunciar públicamente que está en contra de la reelección mientras sus operadores la promueven como un “mandato del pueblo”, ese pueblo bueno al que no se puede desobedecer.
Andrés Manuel ha anunciado que, de llegar al poder, bajaría impuestos, subiría salarios, daría a pasto programas sociales en los que regalaría dinero, por ejemplo, a millones de “ninis” y otra serie de planteamientos populistas que podrían generar una crisis enorme al país pero que, en un primer momento, podrían atraer gran popularidad a quien los hubiera implementado.
¿Qué pasaría si en medio de tanto regalo de dinero un diputado bolivariano e “indisciplinado” como Gerardo Fernández Noroña, impulsara que se le permitiera reelegir al prócer, “aunque él no quiera”? En medio de la popularidad que dan medidas que no siempre son sensatas pero que pueden gustar a quienes son beneficiaros de ellas, el riesgo es tremendo.
El respeto a la ley no habría de preocuparles. Este tipo de proyectos se basan en “Fuenteovejuna”, se aprueban por aclamación. De eso la historia reciente si nos da varios ejemplos, mencionaré algunos.
Cuando AMLO fue candidato a Jefe de Gobierno en 2000, no cumplía con el requisito de la residencia, sin embargo se le permitió participar mediante un acuerdo con Ernesto Zedillo. Al llegar al Gobierno del Distrito Federal, aplicó una serie de reformas que, pese a tener mayoría en la asamblea, no quiso que fueran discutidas democráticamente, por lo que emitió sus famosos Bandos de Gobierno, uno de ellos, el Bando 2, es parte fundamental del desarrollo inmobiliario desordenado en algunas zonas de la ciudad que se vieron colapsadas el pasado 19 de septiembre.
Desde 2005 está en una campaña permanente, pese a que la ley impide lo anterior, violando todos los tiempos de campaña y precampaña, apareciendo en la publicidad política de todos los candidatos de los partidos que ha podido en todo el país, en todas las elecciones aun cuando él no fuera candidato a nada.
Generó toda una precampaña anticipada, con debates, recursos y proyección en medios de sus precandidatos a Jefe de Gobiernos, proceso del que se decantó por Claudia Sheinbaum, violando también tiempos de campaña y precampaña y abandonando sus funciones de gobierno, lo que costó la vida de decenas de personas en los sismos del 19 de septiembre.
Promueve en sus listas al Senado a la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, a quien además ha mencionado como su posible Secretaria de Gobernación, pese a que la Constitución pide que hubiera abandonado el cargo tres años antes del día de la elección, mismo que abandonó en noviembre de 2015 y la elección es en Julio de 2018. También tiene a Napito en sus listas al Senado, aun cuando la ley pide al menos seis meses de residencia antes del día de la elección y él no ha pisado el país en doce años cuando ya estamos a cuatro meses de la elección.
Como estos ejemplos hay muchos más, que sólo uso para ejemplificar como apuesta Andrés a Fuenteovejuna sin el menor respeto a la ley.
¿Qué pasaría si le quitaran la candidatura a AMLO y Sheinbaum por actos anticipados de campaña y a Sánchez Cordero y Napito por no cumplir los requisitos de elegibilidad?
Acusarían complot de la mafia en el poder (aunque casi todos los que llamaban así ya están en MORENA) y se movilizarían para desestabilizar el proceso electoral. Ante el temor a ello, nuestra autoridad cómplice y autista los deja hacer, sin importar que pisoteen las normas democráticas que nos rigen.
Pues no duden que lo mismo pasaría si, de llegar al poder, buscan la reelección y al no tener mayorías en las cámaras llaman a referendo entre el pueblo bueno, al que previamente habrían regalado dinero por años en sectores estratégicos, para que la voluntad popular se imponga ante el bloque de los “legisladores de la mafia”, Al diablo con sus instituciones, podrían decir, hagamos las nuestras, complementarían.
Y Andrés “contra su voluntad” tendría que humildemente aceptar reelegirse indefinidamente porque “el pueblo se lo manda”.
En 1908 Porfirio Díaz, en la famosa entrevista a James J. Creelman, dijo que México estaba preparado para la democracia y que a él no le interesaba reelegirse. Fueron “simpatizantes” quienes crearon comités reeleccionistas “sin su permiso” y lo obligaron a postularse nuevamente en 1910, con lo que se dio inicio a la Revolución Mexicana.
No siempre hay que leer o escuchar simplemente lo que dicen. Vale reflexionar por qué lo dicen.
Pero a AMLO y seguidores les falta una aduana. Para pensar o no en si habrá de reelegirse primero deberían ganar la elección de este año. Este tema, su propensión a violar la ley, a apostar a la plaza pública por encima de las instituciones y a concentrar el poder en una persona, que, podría llevarlos a buscar incluso la reelección, deberán ser profundamente sopesados por los electores para valorar si le permiten, democráticamente, llegar al poder, para después creer o no si querrá mantenerse en él.
Una vez en la silla, puede ser demasiado tarde.
