Uno de los problemas endémicos de la sociedad mexicana es la violación de la ley, de manera casi permanente por parte de la sociedad.
El incentivo mayor para violar la ley es la impunidad que se manifiesta de manera alarmante en México. Las estadísticas nos dicen que, con mayor o menor variación, sólo se denuncia uno de cada diez delitos y, de los denunciados, sólo se castiga al final a uno de cada diez infractores. Esto nos lleva a que, en promedio, sólo uno de cada cien delitos reales es sancionado.
Esto es un aliciente para la delincuencia, organizada o no, pues sabe que tiene un elevado porcentaje de probabilidades de salirse con la suya.
Para que esto así ocurra tenemos multiplicidad de factores, pero me voy a referir a dos, que considero de la mayor relevancia.
Por un lado tenemos la necesidad en México de crear leyes aspiracionales, sobre regularnos con normas que, en muchos casos, son incumplibles. Uno de los mejores expositores de este tema es Agustín Basave, quien nos explica cómo, desde nuestra herencia novohispana, nuestras leyes tienen más que ver con lo que queremos que con lo que somos, disociándose de manera grave de la realidad.
Lo anterior da como resultado, aunque no únicamente, el otro factor que referiré aquí, a saber, la corrupción. Si las leyes no son reales, y por tanto no son cumplibles, se crea un subsistema legal que es el de la corrupción. Como no puedo estar dentro de la norma, mejor llego a un acuerdo por fuera con los funcionarios encargados de que la norma se cumpla para que pueda seguir violentando la ley.
Estos elementos nos han llevado de manera cada día más alarmante a una descomposición política y social profunda que toca todas las esferas de nuestra vida nacional. Por tanto, tiene su reflejo también en materia electoral, en la forma que elegimos y nombramos a nuestras autoridades.
Si hoy se sancionara con el retiro de candidaturas a todos los que incumplan las leyes vigentes, es muy probable que en el siguiente proceso electoral nos quedáramos sin la probabilidad de elegir a alguien para gobernarnos y/o representarnos. Prácticamente todos los partidos y sus candidatos incumplen, en algún momento del proceso y en mayor o menor medida alguna ley electoral.
Un ejemplo práctico es el rebase de gastos de campaña, los cuales se fijan muy por debajo de la realidad, donde prácticamente todos los actores políticos, al menos los competitivos, gastan varias veces la cantidad aprobada por la autoridad electoral. Por supuesto viene entonces una economía ligada a las campañas que corre en paralelo a la que se reporta a la autoridad, tratando de contratar la mayor cantidad de personal y servicios por fuera, sin apego a ninguna ley y buscando no dejar registro fiscal o financiero de ello.
Esto lleva a que, en años electorales en México, según información de Banxico, crece en miles de millones de pesos el dinero circulante en efectivo en todo el país. Por supuesto que estos pagos en efectivo, para que no sean detectados por los órganos de fiscalización de campañas, no sólo violentan la ley, sino que crean una economía paralela y no pagan impuestos, ocasionando además un daño al erario público sustancial.
Así como este se podrían poner muchos ejemplos de cómo se viola la ley, particularmente en las elecciones. En algunos casos, porque la propia ley es imposible de cumplir, en otros simplemente porque los candidatos deciden saltársela. Actos anticipados de campaña y precampaña disfrazados de informes de labores o presentaciones de libros, en fin, miles de maneras de no respetar la legalidad que nos rige.
Ante ello, como decía más arriba, si se quitara el registro a cualquier candidato que violente, aunque sea un poco la ley electoral, seria probable que nos quedáramos sin candidatos, al menos por parte de los partidos más competitivos.
Para evitar lo anterior, las autoridades electorales en México han generado un criterio, a mi entender profundamente nocivo para la legalidad y la democracia, en la aplicación de sanciones a candidatos y partidos que violen la ley, la determinancia.
Bajo este criterio no se anula la candidatura de alguien que haya violado la ley si no se demuestra que esta violación de la ley fue determinante en el resultado del proceso electoral, sin embargo este criterio es absolutamente subjetivo, con lo que se vuelve absurdo.
Es decir, una elección se anula, por ejemplo, si un candidato rebasa la los topes de gastos de campaña en “x”% y su ventaja con el segundo lugar no es superior a “y”% de la votación (varía según las legislaciones electorales). El problema aquí es entender que tan determinante fue para que se tuviera un porcentaje de ventaja el propio rebase de gastos de campaña.
Otro ejemplo, en el caso de las campañas anticipadas, ¿alguien puede saber con certeza si AMLO tendría la misma ventaja hoy en las encuestas de no llevar, al menos, catorce años ininterrumpidos de campaña electoral? Es evidente que Andrés no ha suspendido un solo día su campaña por más de una década. El final que tanto influirá esto en el resultado de la elección es imposible de saber. Por tanto no conoceremos de manera objetiva que tan determinante o no será en el proceso que estamos por vivir.
Cito otro ejemplo, el INE acaba de ordenar medidas cautelares a la PGR porque considera que sus acciones han violado el principio de imparcialidad en el marco de las investigaciones que han hecho públicas sobre operaciones financieras que tienen que ver con Ricardo Anaya. La resolución del INE considera que se ha dañado la imparcialidad. ¿Qué tanto se ha dañado? Es imposible de saber, ¿qué tan determinante será para el resultado final de la elección? Aún más complicado.
Probablemente nunca sabremos a ciencia cierta cuántos votantes cambiaron la orientación de su voto por esta campaña de Estado contra Ricardo Anaya, tampoco sabremos si, al final, al ser evidente esta utilización facciosa de las instituciones para dañar a un adversario político, esos votos regresarán o incluso se incrementarán. Lo que sí sabemos es que se ha violado un principio fundamental para una elección justa.
Citaré un ejemplo más. Tiene algunas semanas que las autoridades multaron al PRI por el caso MONEX, ¡de 2012!
¿Qué tan determinante fue esto para que Peña Nieto lleve cinco años gobernando al país? Imposible tenerlo con claridad. Pero si a la necesidad de probar determinancia sumamos, en este caso, la tardanza en la aplicación de la ley, la combinación se vuelve insultante.
Todo lo anterior se ve también reflejado hoy en las candidaturas independientes a la Presidencia de la República. Ha trascendido que, en mayor o menor medida, los tres candidatos que han avanzado en esta etapa presentaron un enorme porcentaje de firmas que no son reconocidas por la autoridad electoral.
Al parecer el INE sólo negará el registro a aquellos que, después de descontar estas firmas, no alcancen el umbral inicialmente fijado. ¿Qué tan determinante es, para que algunas personas hayan firmado, que vieran que sus candidatos iban avanzando en la recolección de firmas, con las firmas apócrifas? Nunca lo sabremos. Pero sabemos que violaron la ley y que esa violación de la ley no será sancionada, al parecer. Solamente les descontarán las firmas apócrifas pero validarán, como si nada hubiera ocurrido, las otras.
Tenemos entonces un país donde quienes aspiran a gobernarnos abierta y descaradamente violan la ley y, con esa “calidad moral”, podrían llegar al poder a exigir al resto de los ciudadanos que cumplan las leyes que nos rigen.
Necesitamos un país donde las leyes se apeguen a la realidad, no al plano aspiracional, y una vez logrado lo anterior, sean cumplidas sin cortapisas ni dobleces. Ello pasa porque quienes nos quieran gobernar o pretendan legislar sean los primeros en poner el ejemplo. Para lo anterior, debemos impulsar una reforma en materia electoral en donde la violación de leyes electorales quite el registro a partidos y candidatos sin criterios subjetivos de sí es determinante o no para el resultado final, de lo contrario, el incentivo para violar la ley será siempre superior al incentivo para cumplirla.
Por ello llegamos a casos tan aberrantes como el de aspirantes a jueces, figura encargada del cumplimiento y aplicación de la ley, que compran exámenes para llegar a dicho espacio. Así de cínica nuestra realidad.
