México vive, desde hace dos sexenios, sumido en una guerra que ha desangrado al país.
La cerrada contienda electoral, la intromisión del gobierno de Fox durante el proceso, la cuestionable actuación de autoridades y muchos elementos adicionales hicieron que Felipe Calderón llegara a la presidencia de la República con un importante déficit de legitimidad y una oposición, en ese momento casi equivalente a las fuerzas que lo respaldaron, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, en franca confrontación con su gobierno.
Ante este déficit de legitimidad, Calderón buscó fortalecer su gobierno a través de lo que él denominó la “guerra contra el narcotráfico”, estrategia que, en la vía de los hechos, implicó la salida del ejército de los cuarteles sin un marco normativo que pudiera regular su actuación, para atender problemas de seguridad pública.
En una primera etapa, la salida del ejército fue en zonas específicas donde se consideraba que el crimen organizado había rebasado o corrompido a las policías locales. Poco a poco el escenario se fue generalizando y vivimos hoy en casi todo México un proceso de militarización sumamente alarmante.
Durante las campañas de 2012 hubo un cuestionamiento casi unánime de los candidatos a la Presidencia de la República hacia la estrategia de Calderón. En el caso de Peña Nieto, quien a la postre resultaría ganador de los comicios y Presidente de la República, proponía regresar el ejército a sus cuarteles y crear la Gendarmería Nacional. En todos los casos se coincidía que el ejército no debía desempeñar funciones de esta naturaleza y que se tenía que realizar un regreso planificado y escalonado a los cuarteles.
Sin embargo, con su llegada, Peña Nieto decidió, en la vía de los hechos, mantener la estrategia de Calderón e incluso ampliar las zonas de operación del ejército y sumar, con mayor energía, a la marina, con lo que dio importantes golpes mediáticos en cuanto a la captura o eliminación física de importantes líderes de los principales cárteles de la droga, pero el baño de sangre y el negocio en sí mismo se mantenían e incluso fortalecían.
El saldo de la guerra ha sido mucho en cuanto a pérdida de vidas humanas, pero la estrategia no ha funcionado en cuanto a minimizar el problema, por diversas razones.
Por un lado se ha incumplido con la necesidad de profesionalizar a las policías, para que con ello se pueda ir poco a poco regresando al ejército a los cuarteles y dejar la tarea en manos civiles. Pese a planes, recursos y fechas fatales, la mayoría de las corporaciones policiacas del país no se encuentran capacitadas para desempeñar su función, cuentan con armamento y equipo deficiente y, por si fuera poco, en porcentajes elevadísimos, ni siquiera son capaces de pasar los exámenes de control de confianza, como requisito mínimo, para desempeñar sus funciones.
Por otro lado no se ha combatido la corrupción. Sin lugar a dudas esta rebasa por mucho a las policías locales. El crecimiento desmesurado de un fenómeno como el narcotráfico no se puede entender sin la complacencia y complicidad de las autoridades políticas de todos los niveles, así como del aparato dedicado a la impartición de justicia.
Los niveles de colusión son escandalosos. Diferentes gobernadores hoy son señalados de tener acuerdos con el narcotráfico, como Tomás Yarrington, quien se encuentra sujeto a un proceso de extradición. En Nayarit, por ejemplo, Edgar Veytia, el súper poderoso fiscal del ex gobernador Roberto Sandoval, resultó ser el jefe de plaza del crimen organizado, razón por la cual hoy se encuentra preso en la misma cárcel que el Chapo Guzmán, recordándonos las terroríficas historias del Negro Durazo.
Por otro lado no ha habido un combate serio al lavado de dinero por medio de unidades de inteligencia financiera que permitan golpear a los criminales en donde más les duele, sus ganancias. Está demostrado que la captura o asesinato de líderes de los cárteles sólo ha provocado que, como la hidra, surjan muchas cabezas más y hagan aún más complejo el problema. Pero las descomunales cantidades de dinero que se producen como parte de estos ilícitos no pueden moverse sólo en efectivo. En algún momento entran al sistema financiero legal y pueden ser perfectamente identificadas e identificables. Eso sí mermaría el poder de fuego y de corrupción de las bandas criminales pero, presumiblemente por las mismas complicidades con autoridades políticas así como grupos empresariales que, en apariencia, son legales, no se ha decidido emprender dichas acciones.
Por otro lado, atacar las drogas sólo desde la visión punitiva y no como un aspecto de salud pública, no ayuda a minimizar el problema, pues en parte los niveles de confrontación han crecido en la medida que México ha dejado de ser solamente territorio de paso de las drogas rumbo a Estados Unidos para desarrollar un mercado propio, jugoso y deseable para los cárteles.
Se debe también combatir el tráfico de armas que vienen de Estados Unidos a México, reformar el sistema judicial y muchísimas medidas más que tiendan a abatir de fondo esta problemática. Sin duda la solución es compleja, requiere de medidas multidisciplinarias y de la participación de la sociedad civil organizada, son muchas las tareas por hacer.
Pero en medio de un debate tan complejo, surge una voz, y no cualquier voz, sino la del candidato que hoy puntea las encuestas rumbo a la Presidencia de la República, proponiendo que, entre las medidas a considerar, se encuentre la amnistía a criminales, entablando con ellos un proceso de diálogo que lleve a pacificar México, “todo por la paz”.
En un desconocimiento absoluto de la historia y de manera ofensiva para quien se dice el principal representante de la izquierda mexicana, AMLO se atrevió a comparar su propuesta de amnistía a narcotraficantes con las amnistías a grupos guerrilleros en el pasado.
Sin embargo, para cualquiera que sepa un poco del tema, resulta evidente que no es lo mismo la amnistía a un grupo que se levanta en armas como oposición político-militar a un régimen, que la amnistía a grupos criminales que violentan la ley como parte de un negocio.
En esos vaivenes del discurso obradorista que unos días dice una cosa y otros días la modifica (o le enmiendan la plana sus voceros) ni ellos mismos han dejado claro cuáles son los alcances de dicha oferta.
Dice, por ejemplo, Tatiana Clouthier, que Andrés se refería a los pequeños consumidores de drogas que hay en las cárceles y a los campesinos obligados, por el hambre o por capos del narcotráfico, a sembrar algunas plantas prohibidas en sus parcelas. Evidentemente que con esto conmueve y gana simpatías, pero también es claro que no es esa la propuesta de Andrés.
AMLO habló de pacificar al país a través, de ser necesario y consultando a las víctimas o familiares de las víctimas, de la amnistía. ¿Qué victimas habría que consultar de un campesino obligado a sembrar amapola o de un pequeño consumidor en un reclusorio? Liberar a pequeños consumidores (con lo que estoy completamente de acuerdo, por cierto) ¿ayuda a pacificar al país? ¿Cómo?
La amnistía solo tendría sentido, al menos en la imaginación de Andrés, para pacificar al país, si incluye a los grandes capos del narcotráfico. De lo contrario, la guerra y las disputas seguirían, más allá de si se perdona a campesinos y pequeños consumidores.
El tema preocupante, y lo he escrito en el pasado, es que con esta propuesta Andrés le habla al oído a dichos capos, quienes controlan buena parte del territorio nacional y que pueden incidir, por la vía de la violencia, en la votación de la gente que habita dichos territorios.
Olvida Andrés que los narcotraficantes de hoy no sólo controlan el tráfico de sustancias prohibidas. En muchos lugares controlan delitos que violentan de manera aún más grave a las comunidades, precisamente a esas comunidades humildes a las que él dice representar y traiciona con su propuesta. En muchos lugares, el mismo grupo que controla el narcotráfico controla también el secuestro, la extorsión, el derecho de piso, la trata de personas, y son culpables de asesinatos, robos, despojos y agravios indecibles en contra de la gente.
A ellos quiere amnistiar, palabra que viene del griego “olvido”. Como le respondió en su momento Javier Sicilia en una imperdible carta al respecto “¿Quién coño eres tú, Andrés, para perdonarlos?”
Dice Andrés que se consultará a las víctimas. Si no es en una sesión espiritista, con eso de que se cree Madero, no veo como lo haga con miles de mexicanos asesinados por estos criminales. Dicen que consultará entonces a los familiares, sólo que olvida que, al menos en el Derecho que aplica a México, hay crímenes que no pueden ser perdonados y nadie puede otorgar el perdón por el asesinato de otra persona.
No es casual que ya le tomaron acuse de recibo. En una entrevista transmitida en por Aristegui Noticias, realizada por Anabel Hernández, quien le dice sí a la propuesta de Andrés e incluso aconseja a los otros candidatos es Rafael “Caro” Quintero, histórico líder del narcotráfico en México y de quien dicen reportes de inteligencia, con su salida de prisión, retomó el control.
AMLO, nostálgico del viejo PRI, también quiere retomar el control que en su momento la presidencia imperial ejercía también sobre el crimen organizado, sobre el narcotráfico. Por ello felicitó el diálogo del Obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel, con líderes del narcotráfico local para pactar condiciones para el proceso electoral. Por ello propone amnistía y sueña con lograr la paz, pero no una paz enmarcada en el Estado de Derecho, con justicia y dignidad. Lo que busca es la pax narca que en otros tiempos nos vendía el viejo PRI y hoy nos vende su representante, Andrés Manuel López Obrador.
