Las sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a subsidiarias y ejecutivos de Odebrecht en México, son infundadas, “desproporcionadas” y vulneran el derecho al debido proceso.
En un comunicado, la oficina en México constructora brasileña, asegura que se ha tergiversado la información respecto a los contratos suscritos entre esta firma y Pemex Transformación Industrial, por lo cual anunció que impugnará las sanciones ante las instancias judiciales correspondientes.
En el documento, Odebrecht asegura que a nivel internacional, ha manifestado su disposición a colaborar con las investigaciones efectuadas en diferentes países de América Latina, como Brasil, Perú, Ecuador y México.
“Sin embargo, la SFP en julio de 2017 decidió rechazar la solicitud de cooperación de la empresa por considerar que no existían elementos de juicio y/o de convicción suficientes que permitiera presumir una probable infracción a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas”, abundó.
Agregó que la firma ha fortalecido su gobierno corporativo, a fin de establecer mejores prácticas para vigilar la actuación de sus directivos, con estándares que son reconocidos internacionalmente. Asimismo afirma estar bajo el escrutinio permanente del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la Fiscalía de Brasil.
“La disposición de Odebrecht de cooperar con las autoridades competentes mexicanas en reconocimiento de los errores cometidos en el pasado, en congruencia con su compromiso de una actuación ética y transparente, no debe ser utilizada para imponer sanciones improcedentes o ilegales o diseminar en la opinión pública noticias basadas en supuestos incumplimientos contractuales o actos de corrupción inexistentes”, concluye el boletín.
El pasado 19 de abril, la Secretaría de la Función Pública anunció la inhabilitación de las subsidiarias Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S.A. de C.V., y Construtora Norberto Odebrecht, S.A., para celebrar contratos en el país, además de una multa de 543 millones 488 mil 615 pesos para cada una, mientras que a cada uno de sus respectivos representantes legales se les impuso una sanción un millón 262 mil 222 pesos.
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