Un testigo informó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, que el 14 de agosto de 2013 le avisaron por teléfono que habían asesinado a un primo hermano. El testigo se trasladó al lugar de los hechos. Ahí le informaron que los responsables del asesinato eran miembros de la policía comunitaria de Olinalá.
En el momento en que el testigo fue a recoger una camioneta y una vaca que habían pertenecido a su primo, apareció Nestora Salgado con un grupo de comunitarios y lo acusó de querer robárselos.
Le quitaron ambas pertenencias y lo trasladaron al municipio de Atlixco, en donde permaneció incomunicado, “sin que le proporcionaran alimentos y sin dejarlo ir al baño”. Al recibir su queja, la CNDH le asignó la clave PSPR 10:Persona Sujeta a Proceso de Reeducación.
La reeducación es un esquema de trabajo forzado que incluye encierros, maltratos, golpes, amenazas.
El 18 de junio de 2013, según la Recomendación 9/2016, el denunciante PSPR3 fue acusado por Nestora y sus hombres de robo de ganado. Cuando PSPR3 negó los hechos, le solicitaron dinero para dejarlo ir. Como no lo dio, se lo llevaron a la Casa de Justicia “El Paraíso”. A cambio de su liberación, “a sus familiares les pidieron 20 mil pesos”.
La madre de PSPR7 indicó que el 26 de mayo de 2013, Nestora y un grupo de comunitarios se llevaron a su hijo a “El Paraíso”. De acuerdo con la mujer, Nestora le pidió ganado a cambio de liberarlo. Ella se negó: PSPR7 pasó entonces tres meses en la Casa de Justicia: “No se le proporcionaban alimentos y realizaba trabajos todo el día”, declaró su madre.
Un síndico de Olinalá, registrado con la clave PSPR4, indicó a los visitadores de la CNDH que Nestora y 40 comunitarios lo detuvieron a él y a su chofer, sin que supiera por qué. Lo mantuvieron en “El Paraíso” una semana. A lo largo de esos días, “fue víctima de amenazas y no se le proporcionaron alimentos”.
El síndico dijo que a su familia le pidieron 500 mil pesos por su libertad, que los comunitarios pretendían otros 300 mil por la liberación del chofer.
El 9 de junio de 2013, Nestora y 20 miembros de la policía comunitaria detuvieron a dos menores de edad, PSPR1 y PSPR2. Nestora les dijo “que sabía que se dedicaban a vender droga y prostituirse”. Aunque las adolescentes lo negaron, fueron despojadas de sus pertenencias y trasladadas al domicilio de la comandante.
Las mantuvieron con las manos atadas, les preguntaron a “quien le compraban la droga y a quién se la vendían”. Al día siguiente las llevaron, atadas de pies y manos, a la Casa de Justicia Espino Blanco.
“Durante los meses que estuvieron privadas de su libertad trabajaban levantando piedras y frijol, cortando el pasto y barriendo los patios”.
Estuvieron una semana en Espino Blanco, al lado de once hombres. Luego las llevaron a “El Paraíso”, donde estaban recluidas aproximadamente 80 personas.
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