La administración del presidente Enrique Peña Nieto ha transferido más de mil millones de pesos a 23 empresas propiedad de congresistas federales de la actual Legislatura, o en las que ellos o sus familiares tienen participación accionaria y sillones en los consejos de administración respectivos.
Entre los legisladores ligados a las empresas beneficiadas por partidas federales, están: Carlos Lomelí Bolaños (Morena), 505 millones de pesos; Alejandro González Murillo (Encuentro Social), 294 mdp; Francisco Gutiérrez de Velasco Urtaza (PAN), 93 mdp; María Guadalupe Alcántara Rojas (PRI), 90 mdp; y Alfredo Anaya Orozco (PRI), 67 mdp.
También han hecho negocios con la administración federal, pero de menor cuantía, empresas ligadas a los senadores Ricardo Urzúa y Teófilo Torres Corzo, del PRI; Roberto Gil Zuarth y Héctor David Flores, del PAN; y Zoe Robledo, del PT.
Los diputados César Camacho Quiroz, Andrés Aguilar, Jorge Enrique Dávila, Ricardo Ramírez Nieto y Gianni Raúl Ramírez Nieto, del tricolor; y Rocío Matesanz Santamaría, del PAN.
Así lo concluye una investigación de El Universal a partir de datos notariales, referencias patrimoniales del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), declaraciones de intereses en la plataforma 3de3, y la búsqueda y revisión de 375 razones sociales de empresas en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) y en el sistema de compras de la Secretaría de la Función Pública: Compranet.
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