No es casual que Andrés Manuel López Obrador haya anunciado su propuesta de redactar una “constitución moral” cuando rindió protesta como candidato del ultraconservador y evangélico Partido Encuentro Social. Con ella busca trascender la vida pública y abarcar el imaginario de lo espiritual, prometiendo el “bienestar del alma”. Será el credo de la llamada “cuarta transformación” para evangelizar a la república.
En sí mismo, el concepto de “constitución moral” es aberrante en un Estado laico, pues éste es incompatible con cualquier moral oficial. La lucha histórica de los conservadores es establecer la suya propia en la ley, proscribiendo las demás. Por eso, de entrada salta a la vista la incongruencia de quien se dice admirador y emulador de Benito Juárez -al punto de ponerlo como escenografía prominente en sus actos oficiales y hasta copiarle el peinado-, pero propone explícitamente “moralizar” a la sociedad mexicana con dicha iniciativa, en lugar de reconocer que eso corresponde al ámbito privado.
Han querido justificar su pertinencia comparándola con la “cartilla moral” que Alfonso Reyes escribió a mediados del siglo pasado a petición de Jaime Torres Bodet, pero ese texto que no impidió ni redujo la corrupción institucionalizada se hizo para enseñar valores cívicos y morales en las escuelas en un México y un mundo muy distinto al de hoy. La Constitución que sí es tal y nos rige ha dado cuenta de ello con algunas de sus transformaciones más importantes. El Artículo primero prohíbe cualquier tipo de discriminación por creencias; el Artículo 24 reconoce el derecho de cada persona a sostener sus convicciones éticas; y el Artículo 40 establece que somos una república laica. Si a eso le sumamos la división Iglesia-Estado del tradicional Artículo 130, no cabe la figura legislativa que propone el virtual presidente electo.
Los “bienes espirituales” que le preocupan a López Obrador no son competencia del Estado. Claro que es deseable que una persona goce del “bienestar del alma” si cree en ella y así lo quiere, pero los recursos públicos no son para procurar eso. Nuestro marco normativo también ampara a los mexicanos que no creen en el espíritu y desde la Reforma las creencias religiosas son respetables, pero no pueden ser impuestas al conjunto de la población.
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