Alfonso Durazo, propuesto para encabezar la Secretaría de Seguridad Pública en el próximo gobierno, adelantó que a más tardar en dos semanas podría quedar lista la iniciativa para la creación de esta nueva dependencia y apuntó que la iniciativa podría ser presentada por los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y no del presidente Enrique Peña Nieto.
En entrevista con Raymundo Riva Palacio para Televisa, explicó que el proyecto contempla la desaparición de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la preservación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Seguridad Pública. También se prevé la creación de una Oficialía Mayor y dos subsecretarías, una dedicada a la operación policial, la certificación, la capacitación, y otra, enfocada a la prevención del delito. No descartó la posibilidad de que una de éstas sea encabezada por el exsecretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero.
Respecto a la creación de la Guardia Nacional, aseguró que no se ha cancelado, sin embargo, admitió que para su conformación se requiere una reforma constitucional para la cual Morena no tiene una mayoría calificada.
Por otra parte, Durazo Montaño consideró que el principal problema que se enfrenta en materia de seguridad es la corrupción en los cuerpos policiacos y mientras ésta no se ataque de fondo, la debilidad institucional prevalecerá. Por ello, dijo, una de las prioridades del próximo gobierno será su dignificación y capacitación.
Abundó que al reducir los salarios de los altos funcionarios en la en la administración pública federal liberará recursos y se podrán fortalecer los ingresos de los uniformados. Desde su perspectiva, el presupuesto dedicado a la seguridad en los últimos sexenios “se ha gastado mal”, además de que la violencia se ha incrementado con los resultados ya conocidos.
Por último, descartó que hayan fracasado los foros de pacificación; según el próximo encargado de la seguridad, los cuestionamientos en ellos vertidos han estado dirigidos contra los gobiernos anteriores que no dieron la atención debida a las familiares de víctimas de desapariciones forzadas y otros delitos.
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