Hoy Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), decidió suspender cualquier investigación o imputación penal de la Fiscalía de Chihuahua en contra del Presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete por el caso de los desvíos de 250 millones de pesos al PRI.
El acuerdo del magistrado dice lo siguiente: “Se otorgó la suspensión en contra de los actos de investigación y procesamiento, ya que de no suspenderse se podría generar una situación grave de impunidad generalizada, al no tener certeza de cuáles son los fiscales y jueces competentes para procesar las investigaciones en contra de los funcionarios federales.
“La suspensión concedida no prejuzga sobre la constitucionalidad de las normas y actos reclamados, ni sobre la probable responsabilidad de los servidores públicos que pudieran encontrarse, en su caso, sujetos a investigación o proceso”.
Lo anterior es porque no está definido si son de jurisdicción estatal tales indagatorias.
La medida estará vigente mientras la SCJN define si los delitos deben ser conocidos por autoridades federales o estatales.
Esto deriva de la controversia constitucional que el 11 de octubre presentó el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Micha Granados, contra órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación de la Fiscalía estatal contra funcionarios federales.
Días después, el 16 de octubre Granados alegó la inconstitucionalidad de los artículos 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el 7 del Código Penal estatal. En ellos se establece que la Fiscalía de Chihuahua tiene facultades para perseguir delitos del fuero común.
El 28 de septiembre el gobernador Javier Corral advirtió que la acción de la justicia alcanzaría al presidente Peña Nieto por no haber actuado contra César Duarte, exgobernador de la entidad, por los desvíos de 250 millones de pesos para el PRI durante la campaña electoral de 2016.
La de Presidencia de la República es el primer recurso del Ejecutivo contra acciones legales de una entidad federativa. El pleno de la SCJN resolverá este recurso después de agotarse la instrucción.
Por su parte, Jorge Espinoza, consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, afirmó que la controversia debió haber sido desechada por improcedente, por lo que presentará un recurso de reclamación.
(Con información de Reforma)
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