La infraestructura es el insumo esencial para la operación de este sector basado en nodos y redes. En el caso de la red de telecomunicaciones son los postes, elementos de infraestructura de los que depende la instalación física del cableado para la provisión de servicios a los hogares y empresas del país.
Los concesionarios que buscan desplegar una red de telecomunicaciones en México dependen del uso de la infraestructura pasiva existente (postería) perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
No obstante, uno de los grandes pendientes de la aplicación de la reforma de telecomunicaciones ha sido el cumplimiento efectivo de la compartición infraestructura pasiva del preponderante.
Por el lado del capital de infraestructura de empresas productivas del Estado, recientemente tuvo lugar un paso muy importante para la resolución de este cuello de botella del desarrollo de redes de telecomunicaciones.
Su gestación y anuncio corrió a cargo del subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Edgar Olvera, quien presentó la estrategia y documento de Disposiciones de Acceso para Telecomunicaciones a la Infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional, a partir de las cuales se dará acceso a la infraestructura de postes de la CFE.
Con estos lineamientos se habilita una oportunidad para que los operadores de telecomunicaciones tengan a su disposición 11 millones de postes, con 820,000 kilómetros de extensión, que alcanzan una cobertura de más de 98% de la población. Por el lado de la simplificación administrativa y tarifaria, destaca la determinación de contar con una contraprestación única por operador, con ajustes de acuerdo con el peso del cableado.
Estas disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero del 2019, en sustitución de aquellos publicados en el 2013 que sólo permitían la utilización de cada poste por un solo operador. En un país que se caracteriza por su déficit de infraestructura para la provisión de servicios en dos dimensiones, aquel con el que no se cuenta, así como aquel que se tiene pero se utiliza de manera subóptima, estas disposiciones garantizan un uso eficiente del capital desplegado. Ello, al brindar confiabilidad, continuidad y seguridad de la infraestructura de postes de la CFE.
Bajo estas nuevas condiciones de acceso, se facilitará la operación de la red eléctrica de distribución, al reducir, en algunos casos, los costos asociados con su mantenimiento. Mientras que para los operadores de telecomunicaciones se establecerá un escenario de certidumbre, transparencia y acceso competitivo a esta infraestructura.
En el evento de presentación, llamó la atención también el señalamiento y reflexión del subsecretario.
¿A quién pertenece la reforma en telecomunicaciones?
Al Estado en su más amplia definición. No al gobierno ni a los legisladores. No a la industria, por sí sola. Ni siquiera en exclusividad a los consumidores. Sino al conjunto de los agentes que producen, diseñan, consumen y dependen de estos servicios de impacto transversal. Ciertamente la iniciativa de reforma derivó de la conformación del Pacto por México, posteriormente procesada y aprobada por el Poder Legislativo, en realidad se trata de un corpus normativo que pertenece a la nación, no a los partidos políticos ni al gobierno. Incluso viene al caso pensar que el consumidor puede reclamar su propiedad efectiva, pero requiere de una gestión y defensa eficaz. En palabras del subsecretario Olvera, “lo que más preocupa es la continuidad, si no se da continuidad entonces todo lo avanzado, lo caminado se irá por la borda, absolutamente todo”.
La reforma ha sido una magnifica iniciativa. Su aplicación cabal y efectiva está aún en proceso. Así, toca en lo sucesivo gestar esa materialización de sus efectos en términos de inversión y competencia, pero cabe insistir, toca al conjunto de agentes económicos del sector, particularmente a la industria.
Este artículo fue publicado en El Economista el 1 de noviembre de 2018, agradecemos a Ernesto Piedras su autorización para publicarlo en nuestra página.
