En los primeros días de noviembre de 2016, un fotógrafo español llegó al departamento que estaba rentando en Reforma 368, esquina con Varsovia. No pudo entrar. La puerta tenía sellos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
El inquilino fue llamado a declarar a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana. Ahí, un ministerio público le informó que se hallaba en un aprieto verdaderamente serio.
En primer lugar, porque el inmueble estaba relacionado con una denuncia de despojo. En segundo, porque al realizar el aseguramiento la policía de investigación había entrado en el departamento y hallado pornografía.
El fotógrafo intentó explicar que lo que había en su departamento eran desnudos artísticos. El funcionario le recomendó que no se metiera en problemas y desocupara el departamento al día siguiente. De paso le pidió 80 mil pesos para borrar el asunto de la “pornografía” de la carpeta de investigación.
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