El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hizo un llamado al Senado de la República para revisar la iniciativa de reforma que faculta a la Secretaría de Gobernación (Segob) para regular los medios públicos de radio y televisión; lo anterior, con el fin de procurar que ésta se apegada a la Constitución.
En un oficio enviado a los legisladores, el órgano regulador recuerda que en la Carta Magna ya está estipulado que el servicio de los medios públicos debe ser provisto por un organismo público descentralizado y con autonomía técnica, con el fin de asegurar su independencia editorial y autonomía de gestión, y esta circunstancia, no debe cambiar.
Advierte que de otorgarse a una dependencia del gobierno federal las atribuciones para el manejo y administración de estos medios, se crearía un vínculo directo con el Ejecutivo y se incumpliría con los mandatos constitucionales.
“Respetuosamente se sugiere, se considere si la aprobación de la fracción VIII del artículo 27 en sus términos es consistente con nuestra Constitución. Por un lado, porque pretende otorgar una facultad dentro de la Administración Pública a una dependencia del Ejecutivo Federal, cuando es claro el mandato previsto en el artículo 6to constitucional de que dicha función recaiga en un organismo descentralizado. Por otro lado, cabe cuestionarse si la asignación de esta función en una dependencia del Ejecutivo Federal es compatible con los mandatos de independencia editorial”, indica el documento.
El pronunciamiento del IFT se produce en vísperas de que se discuta en el Senado, la minuta de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) aprobada por la Cámara de Diputados, donde se establece en su artículo 27 Fracción VIII, que la Secretaría de Gobernación estará facultada para administrar el tiempo del estado en radio y televisión y proveer el servicio de radiodifusión a nivel nacional.
Esta situación ha generado diversas reacciones en contra por parte de especialistas en telecomunicaciones, que consideran que esta reforma es inconstitucional y atentatoria contra la libertad de expresión.
Por su parte, la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó que exista una intención del gobierno entrante de ejercer un control sobre los medios del Estado y ofreció que se revisaría la reforma a la LOAPF aprobada por la Cámara de Diputados.
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