En los comicios presidenciales de 2018, los votantes mexicanos diluyeron muchos de los contrapesos inherentes a la democracia. Dieron el poder a una mayoría absoluta y a un gobierno sin equilibrios.
Pusieron ambas cosas en manos de un viejo conocido de la política mexicana, Andrés Manuel López Obrador, y de una opción partidaria desconocida, llamada Morena.
Empezamos a ver el despliegue sin sosiego del nuevo gobierno en los días, usualmente sosegados, de las fiestas navideñas. Empieza a quedar claro, con leyes y presupuesto, el proyecto infatigable que escogieron los votantes.
Se trata de un gobierno cuyo eje es la concentración del poder en la figura del presidente y de su gobierno. La concentración tiene varios frentes.
Uno, es la reasignación del presupuesto en favor de clientelas y programas del Presidente y de su gobierno, a costa de estados y municipios, a costa también de los otros poderes y de los órganos autónomos del estado.
Otro frente es el de la creación de una estructura de poder paralela en los estados y en los municipios, mediante la figura de los superdelegados federales y sus 300 coordinaciones regionales. Una redefinición inconsulta del federalismo mexicano.
Un tercer frente es la centralización de las tareas de seguridad pública en una Guardia Nacional, con 256 bases regionales, cuyo diseño anticipa una ocupación militar del territorio, con una cadena de mandos únicos que responden al Presidente y a su gobierno.
