En los pasados tres días, la organización Artículo 19 emitió dos alertas por las amenazas registradas, por separado, contra los periodistas Daniel Blancas y Viétnika Batres.
La primera alerta la publicaron el pasado 9 de febrero, luego de que el periodista Daniel Bancas, de La Crónica de Hoy, fue privado de la libertad por sujetos armados el viernes 1 de febrero en Hidalgo. El reportero -señalan- realizaba una investigación sobre los efectos de la estrategia de combate a la extracción ilegal de combustible en la región.
Aproximadamente a las 18:00 horas, el reportero se encontraba en el poblado de Santa Ana Ahuehuepan, municipio de Tula de Allende, cuando tres vehículos, una camioneta pick-up de doble cabina y color oscuro, un auto compacto y otra camioneta con aproximadamente 10 sujetos a bordo, evitaron que se fuera después de tomar una fotografía.
Desde uno de los vehículos, un sujeto apuntó al periodista con un rifle y le dijo: “¿a quién buscas?, ¿quién te mandó?, ¿qué haces aquí?, ¿a quién le estás sacando fotos hijo de la chingada?”. Entre jaloneos, empujones y golpes otros dos sujetos lo obligaron a bajar de la camioneta en la que viajaba para registrarlo.
Daniel Blancas, periodista La Crónica de Hoy
A pesar de que Blancas les informó que era reportero, los sujetos recibieron la orden de subirlo a una de las camionetas, donde le fue colocada una bolsa en la cabeza.
El lugar en el que fue interceptado es una zona de patrullaje militar, sin embargo, durante los 10 minutos en que fue rodeado y los 30 en los que fue interrogado nunca pasó autoridad alguna.
Por tales hechos, Artículo 19 exige al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación intervenir en la medida de sus atribuciones para brindar protección al periodista agredido y a su familia a fin de evitar alguna represalia.
“Las agresiones sufridas por Daniel Blancas dan cuenta de un panorama adverso para la práctica periodística en el estado de Hidalgo. Si bien la comisión de dichas agresiones fue realizada por presuntos integrantes de un grupo delictivo, es responsabilidad de las autoridades locales y federales el garantizar que haya condiciones mínimas de seguridad en la zona, no sólo para la práctica periodística sino para los habitantes de la región. Sin estas condiciones, se incumple la obligación de promover un ambiente idóneo para la labor informativa y se priva a la población en general de contar con información sobre los temas que Blancas aborda en su trabajo”, subraya la organización.
En el caso de Viétnika Batres, directora de la oficina en Ciudad de México del periódico El Sur, de Guerrero, Artículo 19 emitió la alerta el pasado 10 de febrero luego de que cuatro días antes fue víctima de amenazas de muerte y suplantación de identidad por parte de personas desconocidas que tomaron el control de dos de sus cuentas de correo electrónico.
Según relató la periodista, un correo que contenía la transcripción de una entrevista realizada a un alto funcionario del actual gobierno federal, fue interceptado y recibió amenazas desde una de sus propias cuentas. El primer mensaje decía: “estamos adentro jajaja”. Minutos después, un segundo con la frase: “estamos en todo el mundo, no saques más reportajes”.
Agregó que en el transcurso de la madrugada, desde sus propios correos electrónicos fueron enviados varios mensajes más con explícitas amenazas de muerte dirigidas a su familia, en los que incluyeron nombres y direcciones de sus domicilios, junto con horarios de sus actividades.
El Sur
Por tal motivo la organización también exige al Mecanismo de la Segob otorgar a la periodista Viétnika Batres las medidas de protección necesarias para proteger su vida e integridad personal así como de su familia.
Asimismo piden Estado mexicano cumplir con las recomendaciones emitidas por los Relatores de Libertad de Expresión de la ONU y la CIDH, en el sentido de realizar todas las medidas para garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión tanto on line como off line así como activar acciones para evitar el hostigamiento y la vigilancia secreta no supervisada en el ámbito digital hacia el trabajo de las y los periodistas.
Al margen de las amenazas contra la periodista, en un editorial El Sur también denunció haber sufrido un ataque DDoS. “E área técnica del periódico descubrió que se trató de una intervención maquinada y que desde sitios ubicados en ciudades de Estados Unidos, Francia y China hubo un masivo ‘ataque de denegación de servicio (DDoS)’, que consiste en una alta cantidad de solicitudes hechas a través de páginas web falsas y automatizadas para evitar el acceso de usuarios legítimos a nuestros servicios en la red”.
Si bien indican que aparentemente ambos episodios no tienen relación, “por algunos elementos parecen configurar un acto de intimidación para nuestro medio”, por lo que exigieron al Estado mexicano dar con quienes amenazan a periodistas en el ámbito digital.
