Con el fin defender su autonomía de gestión estipulada la Constitución, así como la esfera de competencias que las leyes reglamentarias le otorgan, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el recorte a su presupuesto y la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones para Servidores Públicos.
En un comunicado, el organismo argumentó que la disminución en el monto global fijado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y el techo presupuestal derivado de este recorte, dejan al Instituto en una situación de insuficiencia financiera para sus funciones sustantivas como son la generación información estadística y mediciones diversas. Apuntó que al tomarse esta decisión sin un análisis previo de sus consecuencias e implicaciones, viola su independencia económica y lo orilla a postergar y cancelar diversos proyectos de información necesaria para la toma de decisiones e instrumentación de políticas públicas.
Por lo que respecta a la Ley de Remuneraciones para Servidores Públicos, expuso que dicha normativa carece de definiciones que brinden certidumbre sobre los criterios para determinarse las remuneraciones de los servidores públicos de un órgano autónomo y de alta especialización técnica como el INEGI.
Defendió el manejo responsable que a lo largo de su existencia ha hecho de los recursos que se le asignan, y precisó que continuarán en esa misma línea durante la presente administración, atendiendo los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina en el ejercicio del gasto público.
“El INEGI avala y reconoce la voluntad del Gobierno Federal, así como de la Cámara de Diputados, de aplicar una política de austeridad y disciplina en el gasto público que permita un mejor uso de los recursos públicos, principios que están vigentes en el actuar cotidiano de este Instituto”, concluye el boletín.
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