Se está gestando un peligroso divorcio entre el gobierno federal y la comunidad científica del país. No es –como dicta la frivolidad en boga– por nombramientos en el Conacyt, sino por la pretensión de regular ideológicamente la manera en la que hace investigación científica y de humanidades en el país. La presentación de la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología ha sido mal vista por los investigadores del país, y con razón.
Esta ley refuerza de manera muy abierta la centralización en la toma de decisiones. En vez de hacerlo de manera colegiada, pretende la instalación de un Consejo Nacional, que en realidad es estrictamente gubernamental, para regir ciencia, tecnología y también las humanidades.
Esto significa desaparecer el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el Consejo Consultivo de Ciencias y la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia, y sustituirlos por foros a modo o, de plano, por una estructura vertical.
Al eliminar la participación de actores no gubernamentales que son parte del Consejo General del Conacyt, se elimina, en los hechos, su carácter colegiado y, con él, la participación plural de la comunidad científica.
Esto también puede resumirse en una frase: Todo el poder para la dirección del Cona(h)cyt. Ésta define el presupuesto para ciencia y tecnología, la política de Estado, la asesoría a los poderes de la Unión, la creación o desaparición de centros públicos de investigación, las políticas de bioseguridad y lo que usted pueda seguir sumando.
Junto con ello, la ley plantea una suerte de supervisión metodológica y de prioridades, lo que en la práctica significa dar línea política a la investigación académica.
La idea es orientar la ciencia para “resolver los problemas prioritarios de la Nación”. Parte de una concepción de las ciencias, no como generadoras de conocimiento, sino como meros instrumentos del desarrollo, predefinido éste por las prioridades del gobierno. Esto deriva, casi automáticamente, en una distinción entre ciencias útiles para resolver los problemas y las que no lo son (en principio, toda investigación teórica y de frontera).
También pone por delante las disciplinas con más posibilidades de aplicación inmediata de las que tienen efectos más de largo plazo. Las ingenierías por delante de la física, las matemáticas o la astronomía. Las ciencias sociales aplicadas por encima de la filosofía o las disciplinas artísticas.
Explícitamente, el proyecto de ley señala que el desarrollo científico y tecnológico debe quedar subordinado al proyecto de nación: es decir, a la visión nacionalista y supuestamente justiciera del lopezobradorismo. Esto significa que habrá algunas áreas de investigación o proyectos específicos que se consideren redundantes, bajo el criterio (¿de quién?) de que no corresponden al Proyecto, a la justicia social o a los intereses nacionales.
El proyecto de ley tiene conceptos peculiares, que lo hacen a uno regresar a las discusiones bizantinas universitarias de los años setenta.
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