El 1 de diciembre de 2021, a tres años del inicio de este gobierno, el presidente Andres Manuel López Obrador aseguró que ya se habían establecido las bases de su proyecto de nación. Sin embargo, en el combate a la corrupción, particularmente en el área de las contrataciones públicas, se ha mantenido el mismo comportamiento que durante los sexenios anteriores. La autodenominada «Cuarta Transformación» representa otra oportunidad perdida para modificar el sistema de compras públicas mexicano.
Al analizar todas las compras de 2021 disponibles en la plataforma Compranet, seguimos identificado un uso excesivo de las adjudicaciones directas (8 de cada 10 contratos han sido dados por esta vía), presencia de empresas fantasma, así como la identificación de empresas que sistemáticamente son beneficiarias de las asignaciones por dedazo.
Las adjudicaciones directas son procedimientos previstos en la ley pero solamente como excepción debido a los riesgos de corrupción que implican. A pesar de ello, de acuerdo con los datos publicados en CompraNet (2021) se mantuvo como el método más usado para realizar contrataciones. Por esa vía, la Administración Pública Federal (APF) entregó un total de 157 mil 796 contratos durante este año. De ellos, el 80.3% se adjudicó directamente. En contraposición, las licitaciones públicas representaron 10.3% y las invitaciones restringidas el 6.1% de los procedimientos. Por último, hubo un 3.2% de contrataciones que se realizaron con otros mecanismos.
Desde una perspectiva histórica, estos resultados son apenas ligeramente superiores a los de otros sexenios. Pero habría que recordar la promesa verbal y por escrito en el PND de que este tipo de contratos desaparecerían por prestarse a la corrupción, es decir, eso de que “no somos iguales” es un embuste. Falacia absoluta. Además, queda por investigar la aparición de la categoría “otros” que, de no existir, pasó a tener el 3.2% de los contratos de la APF.
En términos de montos, las contrataciones de 2021 alcanzaron un monto de 386 mil millones de pesos, de los cuales 147 mil millones fueron entregados por adjudicación directa. Y 43 mil 387 millones bajo la indescifrable y opaca categoría de “otros”. Esta clasificación no permite conocer con claridad los riesgos de la contratación, sus esquemas de funcionamiento ni su marco regulatorio y representan el 11.2% del importe total de los contratos, un porcentaje incluso por encima de la invitación restringida que fue por 19 mil 407 millones.
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