Ante las apabullantes cifras de muertos y desaparecidos registrados durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador bajo la estrategia denominada “abrazos, no balazos”, con desesperación, la ciudadanía, los medios y los actores políticos llevan cinco años preguntándose si es que el presidente no se da cuenta de que tal enfoque no funciona o si en realidad el mandatario es cómplice del crimen organizado.
La pregunta siempre estuvo mal planteada. La pregunta de origen debió ser “¿es verdad que el presidente López Obrador realmente canceló la llamada “guerra contra el narco”?
La respuesta, a la luz de cifras oficiales y documentos de la Sedena (obtenidos mediante el hackeo de Guacamaya) es un tajante no. La guerra contra el narco sigue, bajo los mismos exactos parámetros que en el tiempo de Felipe Calderón y que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero con más fuerza y además, oculta a los ojos de la ciudadanía.
Ello, en el sexenio en el que el poder militar ha crecido como nunca en la historia.
Que el poder militar sea más grande que nunca y que tengamos las cifras de asesinados y desaparecidos más grande de la historia no es, no puede ser coincidencia. Es causalidad.
No es esta una mera opinión, sino una conclusión derivada de los datos, particularmente de un extraordinario reportaje titulado Con Copia Oculta, elaborado por el colectivo Intersecta, difundido en mayo de este año.
Y si bien existen indicios de que este gobierno mira con simpatía (por decir lo menos) a cierto grupo del crimen organizado, no hay evidencias sólidas que permitan afirmar que existe un pacto. En cambio, sobre la continuidad de la guerra sí que las hay.
La falsa paz populista
Interesado por un lado en frenar la violencia de la delincuencia organizada, y por otro, en demostrar que podría lograrlo “sin violencia”, para diferenciarse de su odiado Felipe Calderón, AMLO recurrió a una solución elemental: fingir.
Hablar de pacificación, de que ya no se ordenan masacres, de que ya no hay el “mátalos en caliente”, que el Ejército ya es otro porque el presidente es otro. Y al mismo tiempo, darle a las Fuerzas Armadas la instrucción de combatir todo rastro de delincuencia organizada o, por lo menos, no interferir en sus decisiones y dejarlas actuar a su libre arbitrio.
Es falso que a partir del 1 de diciembre de 2018 se haya detenido la guerra contra el narco. La estrategia de “abrazos no balazos” nunca se ha aplicado o sencillamente, nunca existió. Es pura demagogia.
En los hechos, el Ejército sigue asesinando civiles —tanto inocentes como del crimen organizado— con el pretexto del combate a la “delincuencia organizada”. De acuerdo con datos de la Sedena, obtenidos mediante el hackeo de Guacamaya, en el sexenio de AMLO casi 60% de los homicidios se vinculan con el “combate al crimen organizado”, lo que significa que en dichos homicidios interviene la fuerza pública.
El asunto central es que en una mayoría de estos eventos participan elementos del Ejército o la Marina. Guardias nacionales y policías lo hacen en menor medida.
Justo esto era lo que AMLO candidato reclamaba a Felipe Calderón: que la presencia del Ejército en las calles multiplicaba la violencia.
Ahora, dice que la presencia del Ejército en las calles está “pacificando” México, pero las cifras dicen lo opuesto. Pero, sobre todo, los documentos dejan en claro que, en materia de combate a la inseguridad, AMLO siempre mintió.
¿Un ulterior motivo de tal permisividad es la de afianzar militarmente a la llamada “cuarta transformación”? ¿O, más ramplonamente, es una forma de cumplir con “pacificar” al tiempo que se presume como todo un humanista?
Son dos preguntas también pertinentes.
La “base oculta” que documenta la guerra
En septiembre de 2022 se hizo público que el sistema de correo electrónico de la Secretaría de la Defensa Nacional había sido hackeado por el colectivo Guacamaya, y a muchos medios e investigadores se le dio acceso a la inmensa base de información, compuesta de millones de documentos.
En la extensa investigación Con Copia Oculta se informa de la existencia de la llamada “base oculta”, como la denomina Itxaro Arteta, autor del texto La guerra que se mantuvo bajo la fantasía de la paz. Dicho texto es un reportaje parte de la mencionada investigación.
La “base oculta” es una base de datos que recoge cifras de muertos y heridos en eventos de violencia en los que participaron las corporaciones armadas del Estado.
El reportaje señala que mediante el hackeo se logró recuperar los datos de 58 mil eventos de violencia que dejaron 70 mil 898 muertos entre 2017 y 2020. Como es lógico, es únicamente una parte de los datos.
El reportaje afirma que esta base de datos se inició en 2006, continuó durante el sexenio de Peña Nieto y se sigue alimentando en este sexenio.
Se trata de una recopilación de información sobre muertes asociadas al combate al crimen organizado, evidentemente verificadas a manos de la autoridad.
Aquí lo que es indispensable apuntar es la continuidad transexenal.
Dicha continuidad solo significa una cosa: que la política militar respecto al crimen organizado nunca cambió desde 2006. ¿Cuál era esa política?
La guerra contra el narco.
Lo que cambió fue el discurso político y diversas medidas civiles, como la creación o desaparición de instituciones y corporaciones. Pero dentro del Ejército nada cambió.
Con Calderón, es bien sabido, la dichosa guerra fue abierta, un intento de legitimar su administración. Enrique Peña Nieto continuó con el uso de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública e impulsó la Ley de Seguridad Interior, para darle, dijo, un marco jurídico a dichas labores.
Esta ley fue fustigada por AMLO y sus afines, aunque terminaron en lo mismo: argumentando la necesidad de legislar porque de todos modos el Ejército trabaja en seguridad pública.
Algunas conclusiones
De los datos obtenidos, el colectivo Intersecta obtuvo conclusiones muy importantes que explican el aumento de la violencia en este sexenio y que además ponen de manifiesto el descontrolado poder y discrecionalidad que AMLO ha concedido al Ejército.
La conclusión principal, a nuestro parecer, es que las cifras de asesinatos vinculados con el crimen organizado que se asientan en la “base oculta” se corresponden, casi con exactitud, con las cifras de muertes por arma de fuego que registra el INEGI.
Mientras el INEGI recoge los datos de las actas de defunción inscritas en registro civil, la “base oculta” toma los datos de los reportes hechos por las Fuerzas Armadas y las policías.
Y, mientras el INEGI recoge edad, causa, nombre, sexo de la víctima de homicidio por arma de fuego, en la “base oculta” se asienta también la circunstancia específica de la muerte: supuesto combate al crimen organizado.
Otra conclusión fundamental de la base oculta es que en todos los “eventos” de violencia se registran más muertos que heridos, a contracorriente del discurso de AMLO que afirma que en los enfrentamientos con el crimen se evita “matar en caliente”.
Una tercera conclusión del análisis de los datos es que el Ejército busca, indefectiblemente, legitimar sus abusos, pues en todos los casos dice haber sido agredido, haber actuado en defensa propia y haber abatido personas vinculadas con la delincuencia.
Es decir, que en ningún caso admite haber provocado la agresión, escalado la agresión y menos aún, haber abatido civiles inocentes.
Esto, como sabemos, es falso y hay muchos casos que lo demuestran, como el de la pequeña Heidi Mariana, asesinada en septiembre de 2022 en un “enfrentamiento”, supuestamente entre delincuentes y militares.
O el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, en marzo de 2023, tan obvio que el propio AMLO admitió que se trató de una ejecución fuera de la ley, aunque claro, apuntó que se trató de una excepción.
Pero lo cierto es los homicidios por arma de fuego, que como vimos arriba son prácticamente el mismo corpus de datos que las muertes por “combate al crimen organizado” que se localizaron en la “base oculta”, suman, de 2019 a 2022, 78 mil 390 casos.
Muy distinto a las cifras que oficialmente reconoce la Sedena, que en febrero de 2023 dijo que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2022 había matado a 798 “agresores” en mil 21 enfrentamientos en los que, claro está, tuvo que “defenderse”.
Es decir, que de cara al país, la Sedena admite cien veces menos muertes de las que es responsable en realidad.
Al tiempo, AMLO habla de “humanismo mexicano”, de que el Ejército ya no viola los derechos humanos, que los delincuentes también son pueblo y otras afirmaciones por el estilo, que lo mismo pueden encubrir su simpatía por cierto grupo delictivo que intentar disimular la cruenta guerra que jamás concluyó. O ambas cosas, pues no son mutuamente excluyentes.
