En las últimas semanas hemos atestiguado una creciente y cada vez más enérgica e indignada demanda social y mediática para que el presupuesto de los partidos para sus campañas electorales (o parte de él) se destine a labores de rescate y reconstrucción a raíz los sismos del 7 de septiembre, en el sureste, y del martes pasado, en el centro de México.
Pero mucho ojo; nos encontramos ante una sutil emboscada de los partidos pues el villano de la historia, el objeto de las demandas y la ira social es el Instituto Nacional Electoral, que no puede sino hacer lo que la ley expresamente le mandata, mientras que los partidos (en la Cámara) se hacen patos, y es con ellos donde se puede hacer el cambio para reducir sus prerrogativas.
Una historia sensacional, ¿no les parece? Los partidos se quedan con todo el dinero y el árbitro carga con los platos rotos… ¡Golazo, damas y caballeros! Y los ciudadanos que reclaman, hacen cartas y peticiones ‘change’, convocan con hashtags y memes, sólo ven al INE y enfilan sus baterías contra ese organismo.
Algunos funcionarios dentro del INE y antiguos miembros, como Luis Carlos Uglade, han comenzado a explorar y analizar posibilidades técnicas para hacer posible la ‘quita’ de prerrogativas sin violar la ley, a fin de destinarla a las labores de rescate. Pero el rasgo distintivo de la coyuntura es que los partidos, los verdaderos responsables, los auténticos ganones y dueños de la llave para facilitar el cambio, se siguen escondiendo de la mirada (y la exigencia) pública.
El Consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, dijo a Reforma que “se está haciendo un trabajo con los partidos políticos para construir la ruta para que estos recursos puedan destinarse a un fondo para atender a víctimas”.
Dado que la ley impide que los partidos políticos donen directamente su dinero, explicó, se tendrá que hacer un estudio jurídico para determinar la forma en que se logrará este objetivo.
Ugalde propone por su parte que los partidos renuncien (previo acuerdo) al uso de cierta parte de sus prerrogativas; el INE las reporta entonces como recursos no utilizados y son devueltas a la Tesorería de la Federación. Entonces el gobierno federal podría disponer de ellos para la reconstrucción.
El expresidente del entonces IFE piensa que el INE podría ser el intermediario de un acuerdo de este tipo, pero ello sigue escondiendo a los verdaderos actores: Hay que poner el balón en la cancha de los partidos, porque ahora se frotan las manos mientras ven el tiroteo que sufre la autoridad electoral… Sí, la misma autoridad que paga culpas ajenas cuando los partidos no pueden o no saben demostrar sus ‘triunfos’ electorales (recuerden que en México ningún partido jamás admite que perdió).
Hay que decir además que una ‘quita’ del INE ahora para apoyar a damnificados, si se halla la argucia legal para que el Tribunal no la eche por tierra (como ya pasó con la reducción de salarios de consejeros de comienzos de este año, ¿se acuerdan?), sería un hecho único y extraordinario; en cambio, una reforma legal que reduzca el financiamiento público a los partidos sería permanente … Toda la diferencia del mundo.
Ahora bien, es necesario aclarar que una reforma legal (constitucional, en este caso concreto) es una solución que no podría aplicarse ahora, sino a mediano plazo, toda vez que el artículo 105, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución establece que al menos debe haber 90 días entre la entrada en vigor de una reforma y el inicio del proceso electoral en que vaya a aplicarse, lo que tampoco podrá ocurrir durante el desarrollo del mismo.
Vale la pena mencionar que, en interpretación de algunos juristas dicho artículo constitucional podría modificarse dado que la mencionada restricción no aplica para una reforma constitucional, puesto que su texto no está sujeto a un parámetro de vigencia.
Sin embargo, el aludido artículo 105 garantiza principios de certeza y definitividad que son fundamentales para el desarrollo de los procesos electorales; atacarlos para esta elección precisamente, en la medida en que otorgan certidumbre a los actores políticos acerca del marco normativo que regulará dichos procesos, podría hacer que nos salga más caro el caldo que las albóndigas.
Por ello, deberíamos reflexionar en la construcción de dos carriles complementarios para la solución del dilema:
a) Una vía rápida para dar cauce ahora a la iniciativa ciudadana mediante un acuerdo político entre los partidos (conducido por el INE y validado, de preferencia, por el Tribunal Electoral), para implementar un mecanismo de retención de recursos para su eventual devolución a la Tesorería de la federación (como ocurrió al inicio del año con el dinero destinado a la construcción del nuevo edificio del INE).
b) Una vía de mediano plazo, que construya una propuesta de reforma constitucional para reducir el monto de financiamiento público a los partidos, que podría entrar en vigencia una vez concluido el proceso lectoral 2017-18 que está por comenzar.
No hay que olvidar que de no haber algún tipo de acuerdo macro como los que aquí se describen, podríamos encontrarnos ante un escenario en el que las fuerzas políticas canalicen por iniciativa propia diversos fondos de manera desordenada, y a través de mecanismos de discutible naturaleza fiscal y legal.
Ello podría llevar al a la autoridad electoral a la necesidad de imponer diversas multas por infracciones a la normativa en materia de fiscalización (los gastos de campaña contemplan conceptos muy específicos, como lo señala la tesis LXIII/2015 del Tribunal Electoral, rubro: “Gastos de Campaña. Elementos mínimos a considerar para su identificación”), situación que dejaría, de nuevo, al INE como el villano de la película.
Una cosa es obvia: Mientras la presión y el desgaste se concentre en el INE, los partidos van a seguir hablando de “donar” pero no van a mover un dedo.
