Pese a la pandemia de Covid-19 y en el contexto de la militarización de la seguridad pública, la tortura ha aumentado en México en el actual gobierno, que acumula 522 denuncias por esa práctica ilegal y violatoria de los derechos humanos. Además, hay una impunidad casi total y carencia de recursos para atender a las víctimas.
En el informe México: la tortura y la impunidad se agudizan en tiempos de pandemia, presentado este jueves por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todas y Todos”, se da cuenta de que en los primeros 18 meses del actual gobierno, en la Fiscalía General de la República (FGR) han sido presentadas 522 denuncias contra agentes federales por actos de tortura. Sumadas a las previas, ya son más de mil 259.
La impunidad de todos esos casos de tortura es casi total: únicamente tres de los inculpados por tortura fueron presentados a juicio, y sólo se obtuvo una condena. Esto ha sido peor en el fuero local: en 2018, de unos 4 mil casos denunciados, en sólo dos los presuntos responsables fueron presentados ante el juez.
El informe destaca que hay una falta de articulación interinstitucional para atender el problema, de la que se responsabiliza principalmente a la FGR, que es “un cuello de botella de muchos de los problemas que se observan actualmente” ya que incurre en falta de respuestas a solicitudes de otras instituciones, presentación de iniciativas de reforma de carácter regresivo y desarticulador, así como la falta de implementación de instrumentos para aplicar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Una de las fallas más graves señaladas en el documento es que en los casos denunciados el Poder Judicial admite pruebas ilícitas y por depositar la carga de la prueba en los propios imputados, además de que el personal pericial oficial desacredita o minimiza las consecuencias de la tortura.
Asimismo, el informe señala que el personal de las instituciones públicas encargado de las denuncias de tortura no sólo carece de empatía sino que incluso incurre en acciones estigmatizantes y criminalizantes, lo que aumenta la vulnerabilidad y desprotección.
Por si fuera poco, también se resalta que las comisiones de atención a víctimas tanto federal como de los estados no cuentan con los recursos suficientes para enfrentar los múltiples abusos denunciados.
Gerald Staberock, secretario general de la OMCT, afirmó lo siguiente sobre la situación de la tortura en México: “Es la vieja historia: miles de denuncias se acumulan con un número irrisorio de sentencias o de investigaciones rigurosas. Sí, reconocemos que hay esfuerzos positivos por parte de las autoridades, pero son insuficientes frente a la magnitud del problema”.
Añadió: “Por encima de todo, solicitamos una explicación pública de las autoridades competentes sobre la situación del Programa Nacional para Prevenir Sancionar la Tortura. Es la pieza clave de la Ley contra la Tortura y, sin embargo, sigue sin existir. Este programa es un instrumento vital para retomar el diálogo con la sociedad civil, proteger a las víctimas y luchar contra la impunidad”.
Un asunto que también trata el informe es el aumento de la población carcelaria, que aumentó en más de 14 mil personas en el marco del abuso de la prisión preventiva. Además, en las prisiones ha habido 3 mil 380 contagios y 255 fallecimientos por Covid-19.
Otras situaciones abordadas en el informe son la falta de atención y abusos contra migrantes y solicitantes de asilo, el desplazamiento interno forzado y el recrudecimiento de la represión y del abuso policiaco en el marco de las medidas contra la Covid-19.
En un informe que presentó el 5 de abril de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró, categórico: “Hemos erradicado la tortura”.
