La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa, y al gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, tras acreditar violaciones a la garantías individuales relacionadas con la protección de la salud, por inadecuada atención médica y violencia obstétrica a una mujer que falleció al dar a luz.
En la recomendación 40/ 2016, la CNDH pidió al IMSS y al gobierno de Chihuahua la reparación integral del daño, proporcionando la atención sicológica que requieran los familiares de la víctima.
Al respecto, el IMSS emitió un comunicado y aseguró que "dará cabal cumplimiento” a la recomendación emitida el 23 de agosto por la CNDH, sobre un caso en el cual se proporcionó inadecuada atención médica a una paciente en el Hospital Rural "San Juanito" en el municipio de Bocoyna, en Chihuahua.
La CNDH señala que en marzo de 2013, una mujer de 21 años de edad acudió al Centro Avanzado de la Secretaría de Salud de Chihuahua para recibir atención médica con 37 semanas de embarazo.
Tras dar a luz presentó una hemorragia, por lo que una doctora pidió al esposo de la víctima adquirir un medicamento inyectable denominado “ergometrina”, y a las 19:00 horas la mujer fue dada de alta sin que le entregaran ningún documento.
La pareja se trasladó a un hotel en la localidad de Témoris, donde se hospedó por tener su domicilio en otro municipio, ahí continuó la hemorragia, por lo que al otro día el esposo acudió al Centro Avanzado en tres ocasiones, a las 9:00, 13:00 y 16:00 horas, para solicitar atención médica sin lograrlo.
El esposo la trasladó al Centro Avanzado donde sólo le aplicaron suero y a las 20:00 horas fue dada de alta. Luego, cuestionó al médico que la atendió sobre el motivo por el cual su esposa sangraba, sin obtener respuesta. Dado que continuó la hemorragia pidieron un pase para llevarla en ambulancia a San Juanito, municipio de Bocoyna, Chihuahua, el cual les negaron.
A través de un breve comunicado el instituto señaló que al tener conocimiento de lo ocurrido en julio de 2013, el IMSS tomó diversas medidas preventivas y correctivas, a fin de evitar hechos similares.
La CNDH también pidió al IMSS ordenar, supervisar y verificar las condiciones en que se brinda el servicio de urgencias en el hospital rural, en términos de la Norma Oficial Mexicana relativa al funcionamiento y atención en los servicios de urgencia.
La Dirección General del IMSS instruyó a las oficinas centrales y a la Delegación en Chihuahua el cumplimiento de todos los puntos contenidos en la recomendación, y se comprometió a reforzar la capacitación al personal institucional en materia de derechos humanos, con apego a las normas nacionales e internacionales.
(Con información de Omnia)
avl
