Ante el agravamiento de la violencia en contra de las mujeres y la ineficacia de la Alerta de Violencia de Género, diputados federales aprobaron una serie de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se establece la obligación de que los tres niveles de gobierno se coordinen para implementar los mecanismos de protección y que exista presupuesto etiquetado para los mismos.
“Corresponderá al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, declarar la alerta de violencia de género debiendo notificar la declaratoria a los tres Poderes de la entidad federativa de que se trate: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, así como a los Ayuntamientos o Alcaldías que les concierna, y a los órganos de Gobierno que en su caso corresponda”, dice el dictamen, aprobado con 430 votos a favor.
Las reformas, aprobadas por el pleno de la Cámara de Diputados, establecen que deberán implementarse diversos procesos para garantizar la reparación del daño por parte del Estado mexicano hacia las víctimas, conforme a los parámetros establecidos en la Ley General de Víctimas y diversos tratados internacionales.
“Algunas de estas medidas deben ser la investigación de los servidores públicos omisos o negligentes que llevaron la violación de los Derechos Humanos de las víctimas a la impunidad, para sancionarlos conforme a la normatividad correspondiente”.
Las reformas también asientan la obligación de los congresos locales y el Congreso de la Unión de etiquetar presupuesto destinado a mecanismos y programas de atención a la violencia en contra de las mujeres. Habrá que analizar si tal reforma impide que, tal como hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador este año, se quite de manera discrecional presupuesto a refugios de mujeres maltratadas.
También obliga a las autoridades al diseño e instrumentación de políticas públicas dedicadas a prevenir, perseguir y dar seguimiento a los delitos relacionados con violencia de género, además de informar correcta y oportunamente a los familiares de las víctimas del desarrollo de las investigaciones.
Además, se especifica que la violencia de género puede pertenecer al espacio público y al privado, toda vez que, como en el caso de Abril Pérez, actualmente la ley contempla una diferencia entre violencia intrafamiliar (que no se considera feminicida) y violencia de género, teniendo la primera penas menores. Ello permitió al ex esposo de Abril salir libre, a pesar de haberla atacado con un objeto contundente.
En sesión efectuada este martes, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó los cambios a la ley, que fue pionera en su momento y que, tal como dijo una de sus impulsoras, la ex diputada Marcela Lagarde, tenía aún muchas cosas que mejorar. Una de las más recientes adiciones fue la llamada “Ley Olimpia”, que tipifica la violencia digital, el acoso sexual digital y la pornovenganza.
Con las reformas aprobadas se busca lograr mayor eficacia en la Alerta de Violencia de Género, obligando a los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) a efectuar acciones coordinadas, ya que actualmente, suele suceder que las obligaciones no están claras y ello permite a las autoridades evadir su responsabilidad, con la consecuencia de que dicho mecanismo no ha erradicado la violencia contra las mujeres.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño, recordó durante la sesión que 410 municipios en todo el país tienen la Alerta de Género, sin que la violencia haya disminuido. De acuerdo a las cifras oficiales más recientes, se asesina a 10 mujeres al día en el país. A su vez, la panista Verónica Sobrado Rodríguez, señaló que mientras en 2018 hubo 389 feminicidios, en lo que va de 2019 van 809.
Otro importante avance fue la tipificación del suicidio por motivos de violencia de género, el cual será considerado como una variante de violencia feminicida. A pesar de los numerosos casos en que una mujer se quita la vida por haber sido víctima de violencia de género, hasta ahora no se contemplaba ninguna pena para su agresor.
La diputada Anilú Ingram Vallines, del PRI, recordó que el concepto de feminicidio no está homologado a nivel nacional. Eso permite a autoridades locales catalogar miles de feminicidios de suicidios o asesinatos comunes, y así, bajar la cifra de tales ilícitos.
La priísta dijo que sería necesaria una ley especial para homologar dicho concepto. “Hay madres que su lucha solo consiste en ello, en que se reconozca que su hija fue asesinada”.
